vitoria. El pasado martes, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico aprobó una operación "pionera" mediante la que un fondo inversor destinará 450 millones de euros a la compra y construcción de 3.000 viviendas protegidas en Euskadi destinadas a promover el alquiler subvencionado. Ayer el grupo parlamentario del PNV denunció que la aprobación de la medida no es sino un "montaje de ingeniería financiera, un camino torticero para camuflar la privatización de 3.000 viviendas protegidas".

Los jeltzales, que presentarán cinco iniciativas parlamentarias para tratar de frenar la operación y que estudian incluso convocar la Diputación Permanente de la Cámara autonómica en agosto, pues la decisión del Gobierno se tomó "a las puertas del verano", evitando así el control del Legislativo, creen que el Ejecutivo trata de "maquillar" sus cuentas para "hacer caja" saltándose el procedimiento presupuestario. Y creen además que la decisión, un "experimento de mala gestión", es ilegal. Así lo explicó el parlamentario nacionalista Ricardo Gatzagaetxebarria, quien recordó que "no se puede vender patrimonio público a precio de VPO y luego alquilarlo a precios de mercado, a 700 euros". Según el jeltzale, "el patrimonio público no está sujeto a la ley de la oferta y la demanda, es de precio intervenido". Gatzagaetxebarria censuró que el Ejecutivo pretenda "hacer caja para luego alquilarle esas VPO al fondo inversor y realquilárselas a ciudadanos necesitados de viviendas. Para hacer eso -continuó- basta con edificar a través de Visesa y alquilar por parte de Alokabide".

En la misma línea se pronunciaba el portavoz del PNV en la Cámara, Joseba Egibar, quien afirmó que el Ejecutivo "necesita una bolsa de cientos de millones de euros para maquillar el fin de la legislatura" porque "no tienen programa de Gobierno", y se preguntó qué ocurriría si se adoptaran medidas de ese tipo "en Educación o en Interior, dejar en manos de grupos inversores las comisarías, los hospitales o las escuelas". Egibar denunció además que el Gobierno ya ha decidido qué grupo inversor llevará a cabo la operación, pese a que dijo que la adjudicaría por concurso. "Ya se sabe qué grupo -un fondo británico- circula por Lakua, pregunten en el Gobierno Vasco a ver quién frecuenta últimamente sus oficinas", dijo el portavoz del PNV, que "seguirá la pista" a la operación para "evitar un nuevo destrozo" por parte del Ejecutivo Vasco.

El contrato redactado por el Gobierno saldrá a concurso en agosto, y por lo tanto no deja margen para el control parlamentario, de ahí que el PNV estudie pedir la convocatoria de la Diputación Permanente. En todo caso, los jeltzales preparan una batería de iniciativas legislativas para impedir la operación desde diferentes flancos. Se presentará una proposición no de Ley urgente instando a la paralización del concurso, se planteará una interpelación al lehendakari para que explique en la Cámara la decisión, se solicitará toda la documentación elaborada para la toma del acuerdo de venta y una copia de los pliegos elaborados para realizar el concurso, y se pedirá información sobre los fondos de inversión con los que se han mantenido contactos previos.

Respuesta del Ejecutivo La reacción del PNV obedece al anuncio que realizó el Ejecutivo autonómico tras concluir el pasado Consejo de Gobierno. En aquella cita, se anunció un contrato con un inversor privado, elegido por concurso público, que cederá a Lakua miles de viviendas protegidas durante 20 años. Para ello, el Gabinete liderado por el socialista Patxi López dio luz verde el martes a la formalización del citado contrato. Ayer, el Gobierno Vasco no dudó en volver a salir a la palestra mediática para reiterar la validez de su postura. Tras tener conocimiento de las acusaciones del PNV, el Ejecutivo defendió la legalidad del contrato mixto que quiere suscribir con un inversor privado para incrementar el parque de vivienda de alquiler protegido y reconoció que la falta de financiación complicaba el impulso a estas políticas.

Al respecto, el Departamento de Vivienda, dirigido por Iñaki Arriola, aseguró que la operación, que en conjunto suma un mínimo de 4.000 viviendas para su alquiler -las 3.000 que vende el Gobierno más otras 1.000 que construirá el fondo inversor-, "cuenta con todos los informes de legalidad pertinentes". Precisó que el objetivo es destinar al alquiler protegido esas 4.000 viviendas por un plazo mínimo de 20 años, con lo cual, negó que se trate de una operación de venta de patrimonio público, como denunció el PNV ayer.

Recordó que estas viviendas, que serán compradas o construidas por un inversor privado, "permanecerán en el mercado protegido de por vida porque tienen la calificación permanente" y así lo establece el contrato aprobado por el Ejecutivo. En cuanto a las 1.072 viviendas que actualmente gestiona Alokabide, que serán compradas por este inversor privado, el Ejecutivo recordó que hasta hace cuatro meses la sociedad encargada de los alquileres sociales era privada. "Fue este Gobierno el que decidió convertir en pública a Alokabide, lo cual permitió que esas viviendas pasaran a estar bajo el control público", concluyeron.