Vitoria. El Gobierno Vasco dará un impulso al alquiler protegido mediante un contrato con un inversor privado, elegido por concurso público, que cederá a Lakua un mínimo de 4.000 viviendas protegidas durante 20 años. El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a una autorización de gasto de 430 millones de euros para la formalización del citado contrato. No obstante, el coste neto de la operación para el Ejecutivo autonómico será inferior, 249 millones, ya que la diferencia hasta los 430 millones se recuperará a través de las rentas que paguen los inquilinos, en función de sus ingresos. Esto supondrá que el 42% de la operación será financiada a través de las rentas de alquiler que paguen los inquilinos.
Las primeras 1.635 viviendas que serán gestionadas mediante esta fórmula podrían ser una realidad a primeros de 2012. Tras ellas, les seguirán entregas de unas 788 viviendas de media al año hasta el 2015. Se trata de una fórmula nueva que ensayará el Gobierno Vasco para dar un impulso al alquiler y que va a permitir "sanear" las sociedades públicas Visesa y Alokabide, según explicó el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, tras el Consejo de Gobierno.
De las 4.000 viviendas que arrendará el Gobierno Vasco, 1.072 son viviendas sociales construidas por Alokabide y que comprará el inversor privado, y otras 1.875 son viviendas en fase de construcción por parte de Visesa, que también adquirirá el inversor privado. El resto serán construidas por este último.
En el caso de las viviendas vendidas al inversor, éste las cederá al Gobierno Vasco para que las alquile a personas inscritas en Etxebide. A través de estas operaciones de venta, el Ejecutivo de Lakua obtendrá 28 millones de euros procedentes de la venta de los suelos de estas viviendas, mientras que Alokabide ingresará 92,4 millones y Visesa, otros 182,5 millones. Además, se ahorrará 77 millones de euros en subvenciones e ingresará otros 21,6 por la devolución de subvenciones por parte de Alokabide.
