"no soy morosa, simplemente soy pobre", gritaba el miércoles María José, de 55 años, al ser desalojada de su piso en Madrid. Deudores y encima sin casa, se calcula que son 300.000 los hipotecados que están en serios apuros en España. "En Euskadi se producen, al menos, una media de tres embargos al día", reconoce Lucía Fernández, responsable de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en Euskadi. "Cuando tenemos a tres familias que diariamente se quedan en la calle, solo en el País Vasco, el Gobierno debería adoptar medidas urgentes. ¿Por qué Zapatero no lanza un decreto ley para solicitar Stop embargos", se pregunta Fernández, incidiendo en la necesidad de paralizar esos actos del juzgado, que desembocan siempre en el desahucio.

A las puertas de perder su casa, hay un colectivo que pone en jaque a los bancos y consigue que docenas de desahucios se queden en stand by. Bueno, hasta esta semana. Porque el miércoles, por primera vez, más de cincuenta antidisturbios reventaron el intento de 30 activistas de evitar el segundo desahucio de una familia de Pueblo Nuevo, al este de Madrid. Hasta esa fecha, indignados y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) habían provocado una ola de frenos de desalojos en todo España.

"La comunidad más afectada es Cataluña, seguida por Valencia, Andalucía y Madrid. Desde que empezó la crisis en 2007 hasta el primer trimestre de 2011 ya se han producido 300.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado. Es previsible que en 2012 podamos llegar al medio millón", afirma la portavoz de la PAH de Barcelona, Ada Colau.

Así las cosas, desde hace pocos meses se está producido un fenómeno llamativo. Muchos de los vecinos embargados estaban conseguido una prórroga de su desahucio gracias a piquetes ciudadanos. Hasta esta semana, los indignados conseguían frenar desalojos y la cifra ya se eleva a 48, lo que supone una media de dos diarios. Comenzaron con los desahucios por impagos de préstamos, siguieron con quienes no podían hacer frente al alquiler y ahora se han sumado a la ayuda de personas desesperadas.

Y es que tras la deuda hipotecaria hay situaciones de verdadera miseria. Por eso, Ada Colau asegura que "el objetivo no ha sido el de volver visible un problema, sino el de recuperar a unas personas que estaban emocionalmente rotas". "Cuando empezamos a trabajar, hace dos años, nos encontramos con una problemática masiva que afectaba a cientos de miles de personas, muchas de las cuales estaban hundidas porque no solo iban a perder su vivienda sino que iban a tener que pagar de por vida un dinero que no tenían", precisa.

Con Cataluña y Madrid como centros neurálgicos de los desalojos, a principios de julio, una concentración ante la vivienda de una pareja de jubilados en Orkoien impidió de forma pacífica la entrada de la secretaria judicial al inmueble, lo que retrasa la ejecución del desahucio por impago y posibilita su renegociación.

Es una batalla desigual, de David contra Goliath, que las PAH siguen pensando ganar. "Lo que no tiene sentido alguno es que el banco te quite el piso para dejarlo vacío mientras las familias se quedan en la calle sin recursos". Pero no nos engañemos, detener temporalmente los desahucios solo consigue aplazar brevemente una situación que, para demasiadas familias, es insostenible. "En 2008, cuando llevamos a cabo nuestras primeras acciones, las entidades estaban más dispuestas a negociar, eran más flexibles y permitían negociar un periodo de carencia", asegura Lucía Fernández. "En el caso de las ejecuciones hipotecarias, había que esperar hasta un año sin pagar para que el banco acudiese al procedimiento ejecutivo en el juzgado. Ahora en cuanto existen tres o cuatro impagos ya van a juzgado", aclara.

Fernández cree que esto es pan para hoy y hambre para mañana. "Por eso, nuestro lema no es Stop desahucios sino Stop embargos, una de las principales medidas que hemos transmitido al Congreso es la paralización inmediata de aquellos procedimientos de ejecución durante tres años debido a la grave situación económica que padecen muchas familias", indica.

Ante esta ola general de malestar, la banca ha tenido una tímida reacción y ha sacado las primeras hipotecas con dación en pago. Bankinter daba, hace diez días, el pistoletazo de salida ofreciendo la dación en pago, y no se descarta que más entidades financieras le sigan. El objetivo es adaptarse mejor al actual sistema hipotecario español y responder a las demandas de numerosos movimientos sociales.

Pero el horizonte de todas las acciones emprendidas es provocar un cambio de legislación, ya que "si la ley sigue protegiendo que los bancos puedan quedarse con la vivienda y que además los desahuciados tengan que seguir pagando, será muy difícil que los bancos actúen de otra manera", según Ada Colau.

Varias personas protestan, escenificando un desahucio en Sestao. Foto: david de haro