madrid. El Gobierno trabaja para que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará al fiscal la dirección de la investigación en el proceso penal, sea aprobada lo antes posibles e incluso pueda ver la luz antes de que concluya esta legislatura, aunque antepondrá el consenso de las fuerzas políticas.
Así se desprende de las declaraciones que realizó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien recordó que ya había anunciado el mes pasado en el Congreso que existía un borrador consolidado de trabajo sobre este tema y recalcó que no es todavía un anteproyecto de ley y aún queda "mucho trecho" que perfilar.
No obstante, el ministro, que en los últimos meses ha ido adelantando algunos detalles de la reforma, confirmó que el borrador se encuentra en "fase de deliberación" final y confió en que el Consejo de Ministros pueda enviarlo al parlamento lo antes posible.
Tras señalar que "todavía hay algún tiempo de legislatura" para trabajar en ese texto legal, Caamaño aseguró que ante una reforma completa de la LECrim, como la que está en estudio, el Gobierno pone "por delante" la búsqueda de consenso y acuerdo. "Eso nos llevará los tiempos que nos tenga que llevar, pero queremos una ley mayoritariamente consensuada en el Congreso y el Senado para que sea estable y existan elementos comunes pactados por todos en el proceso penal", dijo.
La novedad más importante en esta reforma es que la investigación "sustancial" recaerá en manos del fiscal, aunque, como subrayó Caamaño, se refuerza también la posición de los jueces como garantes del proceso, al establecer un juez de garantías, un juez de control en la audiencia preliminar y, por último, el juez que juzgará en el juicio.
El titular de Justicia explicó que el proyecto responde a la necesidad de establecer en España un proceso penal similar al que existe en otras democracias del entorno, y que su principal objetivo es aumentar las garantías judiciales.
Otra de las novedades del proyecto, dentro de ese objetivo de reforzar los derechos y las garantías de los ciudadanos en el proceso judicial, es la sustitución de la figura del imputado por la del investigado.
"Evitaremos las instrucciones generales, cuestiones que no han dado resultado a lo largo de estos treinta años de democracia a pesar de las adaptaciones que hemos hecho de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal", dijo Caamaño, que rehusó dar más detalles de la reforma, que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, que es quien toma la última decisión.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó de que ceder las investigaciones criminales a la Fiscalía "choca" con un modelo de Fiscalía General del Estado que está organizada bajo los principios de dependencia jerárquica y cuyo titular es nombrado por el Gobierno. Sáenz de Santamaría abundó en que esa fórmula está reñida con una Fiscalía "que está organizada como está organizada" y con la que se han vivido "muchos casos de decisiones cuando no imposiciones" del propio Gobierno.
