madrid. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la Declaración con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida en la que afirma que la Ley de Muerte Digna, en su actual redacción, no debe ser obedecida, y que se debe intentar abolir, modificar o no aprobar.

Concretamente, el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, señaló que la norma no es una "ley justa" y que, por tanto, "no obligaría a su cumplimiento si no se modifica". En este sentido, aseguró que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que "justamente" la "está ejerciendo de manera fundamental". Además, advirtió de que no debería haber prisa en regular un asunto de "tal trascendencia".

Además, en el texto, piden que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se vean implicados en "situaciones que conlleven ataques legales a la vida humana" y rechazan que "desaparezca el criterio de la lex artis o buena práctica médica como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal".

En esta línea, aunque los obispos admiten la intención "laudable" del proyecto de ley de "proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia", señalan que "no lo consigue" porque "deja puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas".

Concretamente, consideran que "una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia".

Asimismo, señalan que algunos conceptos se explican de forma "reductiva" en la normativa como la definición del término eutanasia que, a su juicio, se centra sólo en las acciones directas y "deja abierta la puerta a las omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración".

Según la CEE, entre las conductas "eutanásicas" que se "legalizarían" con esta normativa estaría la "sedación inadecuada" cuya aplicación, según los obispos, debería depender del "juicio médico y no de la voluntad del paciente", un punto que, a su parecer no queda claro en el texto, pues incluye el tratamiento como "un derecho" del paciente.

Igualmente, consideran que la normativa también podría favorecer el abandono terapéutico y la omisión de los cuidados debidos, al establecer la norma la realización de actuaciones sanitarias que garanticen el "debido cuidado" del enfermo y no especificar en ese concepto aspectos como la "alimentación e hidratación" del mismo.