Madrid. El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), Antonio Barroso, está convencido de que España ha sido "un supermercado de bebés para el resto del mundo", para países tan dispares como Alemania, Perú o Texas, donde fueron a parar algunos de esos recién nacidos. Esos son algunos de los países donde aún viven muchos afectados por la causa de los niños robados, nacidos entre 1950 y 1990, según ha asegurado Barroso en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el que ha participado también la portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano. Soriano ha pedido al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Alvaro Cuesta, que ha presentado el acto, que se abra una comisión de investigación sobre estos hechos, algo que ya pidieron los afectados cuando comparecieron en la Cámara Baja el pasado 15 de marzo. Cuesta le ha subrayado que la Comisión de Justicia está comprometida con la causa y que los diputados quieren reforzar el diálogo que iniciaron con los afectados, y les ha asegurado que antes de que acabe la legislatura les convocarán a una nueva sesión parlamentaria para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de "los obstáculos que deben ser removidos".
Uno de los "obstáculos" que encuentran los afectados para localizar a sus familiares, según Soriano, es el acceso a la información y a la documentación sobre los nacimientos y fallecimientos, que entidades sanitarias, instituciones eclesiásticas y demás organizaciones han "clasificado" a lo largo de todos esos años. Por ello insisten en solicitar la apertura de todos los archivos administrativos, hospitalarios, eclesiásticos y de cementerios para esclarecer la trama que los afectados denuncian y que requiere, en su opinión, la intervención conjunta de la Fiscalía, los jueces y la implicación de la Audiencia Nacional, que se inhibió del asunto. Hasta el momento, el Ministerio Fiscal tiene abiertas 849 investigaciones en toda España por estos casos, de los cuales 162 casos han sido ya trasladados a los juzgados al haber observado indicios delictivos, que serán calificados como detención ilegal con la agravante de que afectaban a menores de edad. Barroso describió en este encuentro algunas de las "historias terribles". Más de 300.000, según Barroso; recién nacidos que fueron dados por muertos para luego ofrecérselos a otras personas que posiblemente no conocían esa ilegalidad, ya que a muchos les decían que habían sido abandonados por una mujer drogadicta, prostituta o que sus padres habían muerto en un accidente. "Estamos ante un escándalo que constituye un drama", según Cuesta, y ese "drama" lo facilitó en su opinión el sistema político y jurídico imperante en España en esas fechas.
