vitoria. Los mayores quieren desmarcarse de la inactividad y están dispuestos a trabajar para decidir su propio futuro. Una plataforma vinculada al sindicato USO está convencida de que los jubilados y pensionistas lograrán, si luchan conjuntamente, avances en materia social, económica, laboral, sanitaria, y de pensiones públicas. Defienden a ultranza las cotas de bienestar logradas antes de la llegada de la crisis y no están dispuestos a ceder terreno en los derechos que tanto han costado durante tanto tiempo a tantos trabajadores.
"Las personas mayores no pueden ni deben estar pensando continuamente si en un futuro podrán o no cobrar sus pensiones, si dispondrán o no de una plaza en una residencia de la tercera edad o si en caso de enfermedad podrán ser ingresados en un hospital geriátrico a fin de recibir atención médica especializada. Es decir, si sus últimos años de vida podrán disfrutarlos con la mínima dignidad exigida, después de muchos años de trabajo y sacrificios. Lamentablemente demasiadas preguntas para tan pocas respuestas", se plantea Carlos Solas, presidente de la Asociación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas (Ajupe).
Entre los integrantes de la plataforma han consensuado un paquete de 100 propuestas concretas trasladables a administraciones y empresas. La viabilidad de todas ellas ha sido adecuadamente contrastada con profesionales competentes en cada uno de los campos abordados. Economistas, abogados, médicos, trabajadores sociales y demás especialistas han garantizado su aplicabilidad. "Ésta es una plataforma reivindicativa que llama a los ciudadanos a reaccionar. Hay que movilizarse y estar preparados ante la posibilidad de que lleguen nuevos recortes sociales", subraya Solas.
maltrato y especulación Entre otras muchas iniciativas, dentro del orden social, la plataforma aboga por el endurecimiento de las sanciones y penas cuando se compruebe la existencia de maltrato en cualquiera de sus formas a personas mayores, producido éste en el ámbito familiar o fuera de él. Igualmente plantea frenar legislativa y jurídicamente a los intentos especulativos dirigidos a que los mayores se vean obligados a abandonar sus viviendas de renta baja.
El colectivo busca promover políticas específicas de vivienda, que permitan a los mayores y personas con discapacidad y sin recursos, la adquisición, reparación y adaptación de sus viviendas. "Las autoridades locales en sus políticas de vivienda deben priorizar especialmente la rehabilitación de las viviendas de los cascos antiguos, lugar mayoritario de residencia de las personas mayores en las ciudades y núcleos urbanos en general", detalla Solas.
La asociación también quiere que las políticas públicas de viviendas sociales fomenten las llamadas "viviendas compartidas" o "viviendas de mayores", pisos en los que puedan convivir personas mayores viudas o que se encuentran solas. Asimismo, solicitan que las administraciones velen por la mejora y diseño de alojamientos y entornos medioambientales adecuados.
Dentro del orden social, la agrupación demanda que "de forma" legal, se tenga en cuenta la voluntad de los enfermos irreversibles a la hora de decidir sobre su muerte digna, "la cual debe ser respetada por los servicios médicos y familiares". Para ello, reclaman la creación urgente de un marco legislativo de aplicación voluntaria de la eutanasia.
De cara a favorecer real y eficazmente la ansiada conciliación de la vida laboral y familiar para mejorar la atención de los niños y las personas mayores, plantean una progresiva transformación de la jornada laboral partida en jornada continua. Finalmente, en lo que a ingresos atañe, propugnan un no rotundo a la congelación de las pensiones de la Seguridad Social, "ya que no existe motivo objetivo para ello y menos cuando estas medidas no tienen un sentido de garantizar el futuro de las pensiones, sino únicamente el ahorrar gastos a un sistema hoy por hoy con superávit".
