Vitoria. El Consistorio vitoriano espantó ayer el fantasma de la xenofobia que sobrevuela Vitoria en esta campaña electoral. El encargado de ahuyentarlo fue el teniente de alcalde, Juan Carlos Alonso, quien censuró que el Partido Popular use "la inmigración como bandera electoral" con el caso de la mezquita que se va a habilitar en Zaramaga.

La gota que ha colmado el vaso son las declaraciones que los populares vertieron este lunes para "sembrar desconocimiento jurídico en la ciudadanía con el objeto de conseguir votos", como así calificó Alonso a la propuesta de la formación de la gaviota, que aseguró que rescindiría la licencia de este centro religioso si su candidato a la Alcaldía, Javier Maroto, llega al poder tras el 22 de mayo.

En este caso, el supuesto afán recaudatorio de papeletas del PP iría dirigido a los vecinos de Zaramaga, donde, como ya adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, se pretende levantar una mezquita en la calle Martín Olave. Sea como fuere, lo cierto es que aquellas afirmaciones desembocaron en un grado de confusión y polémica en el barrio hasta tal punto de que horas después de pronunciarlas, Maroto tuvo que rectificarlas. "Hay que analizar el caso antes de posicionarse".

Dado que la división vecinal entre los opositores al templo ya estaba generada, Alonso, también concejal de Urbanismo, tuvo que acercarse hasta este distrito de Vitoria el martes para explicar a sus habitantes "el error y la intoxicación" en las que incurre la propuesta popular.

En ese sentido, el desmentido del equipo de gobierno municipal se mostró rotundo, al acusar a Maroto de alentar con ello la comisión de un delito. "No puede revocarse la licencia porque sería recurrir en prevaricación. Maroto desconoce la ley, lo que es inaceptable para quien se postula como alcalde en una ciudad ejemplo de multiculturalidad".

A juicio de Alonso, la construcción de una mezquita no es una cuestión de política ni de propuestas diferentes, sino de "decencia" y, sobretodo, de "legalidad". Ya que, tal y como criticó el edil socialista, "Maroto ha mentido porque la concesión está otorgada por ley. Se trata de un acto regulado, si el solicitante cumple con los requisitos". Por tanto, sólo un juez puede anular la licencia, en el caso de que se demuestre la lesividad que pueda ocasionar el edificio musulmán, que tendrá un aforo máximo de 98 personas, que cerrará a las 23.00 horas y que no tendrá permitido la instalación de electroacústica ninguna para espectáculos.

"La hipocresía de Maroto salta a a la vista", valoró Alonso, quien, como ejemplo, recordó las tres mezquitas que el PP autorizó cuando gobernaba para las calles Barrancal y San Vicente de Paul 8 y 19. "Maroto financió con dinero público (86.000 euros), ésta última cuando era edil de Hacienda. En noviembre de 2001, también abogó por un cementerio musulmán para una correcta integración".