vitoria. La indignación por las facturas desproporcionadas de gas propano de Repsol amenaza con llegar a los tribunales. En diversas reuniones llevadas a cabo en distintos ámbitos, alcaldes y responsables forales han hablado e intentado consensuar los pasos a seguir en defensa de los intereses de cientos de sus vecinos afectados este año por la carestía impuesta en el consumo de combustibles. De momento, la vía judicial no se ha descartado, aunque está aparcada de momento hasta comprobar cómo reacciona el Ejecutivo autonómico ante las demandas civiles y administrativas de los pueblos y de sus residentes.

No obstante, la reacción del Gobierno Vasco ante este problema no es del agrado de los afectados. De hecho, la institución liderada por el PSE se ha alineado desde el principio con las tesis de Repsol y en contra de los alcaldes y los vecinos afectados por las facturas recrecidas. En ese sentido, destacan voces como la emitida por el Departamento de Industria, que hace escasas fechas decidió dar cumplida réplica a la postura de la Diputación alavesa sobre la polémica de los incrementos desmesurados de las facturas a las que están haciendo frente los vecinos de varios municipios alaveses que consumen propano como combustible en sus sistemas de calefacción.

Tras constatar los recelos forales y de los alcaldes de los pueblos afectados ante las explicaciones dadas por la Administración autonómica y desde Repsol ante la posibilidad de que la mala calidad del gas sea la posible causa del repunte de los precios, el Ejecutivo pidió a la Diputación, y en concreto al diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, "que deponga su actitud irresponsable y deje de crear alarma social en el asunto de las quejas por la facturación del gas propano en algunas localidades del territorio".

A través de un comunicado de prensa, el Departamento de Industria explicaba que, tras las pruebas, análisis y muestras realizadas, se concluía que no había indicios de que la empresa haya cometido ningún error en el cobro de las facturas a los usuarios". En ese sentido, el Ejecutivo indicaba que inició los trabajos de control el pasado 24 de febrero. Durante este tiempo realizó controles de calidad del gas. Asimismo, se estudiaron, a través de un laboratorio independiente, muestras en tres depósitos de las localidades de Murua, Murgia e Izarra. El resultado en todos los casos fue el mismo: "la calidad del gas cumple con todas las exigencias legales".

Por todo ello, a juicio de Lakua, el trabajo realizado por los técnicos de la Delegación de Industria en Álava, que ha incluido la comprobación de más de 3.000 datos de consumo de usuarios de Repsol y de otros operadores en Álava, lleva a la conclusión de que la calidad del gas suministrado es correcta. Además, el Ejecutivo añadía que, como muestra de buena voluntad y para acallar cualquier tipo de sospecha, se dispuso a analizar los cinco depósitos solicitados desde la Diputación. Ahora bien, según Lakua, tres de ellos no eran válidos para la muestra ya que se acababan de rellenar. Al respecto, desde el ente foral se recordó hace escasas fechas que "en cuanto los depósitos han recibido gas nuevo se han acabado los problemas". Asimismo, a la Diputación le sorprende que se hayan rellenado algunos tanques con dos tercios de carga cuando lo habitual es hacerlo cuando sólo queda un tercio. Sea como fuere, lo cierto es que pese a las declaraciones y la polémica, hay 15.000 alaveses afectados.