Vitoria. ¿Es posible la revitalización del Casco Viejo sin escuela? Ésa es la pregunta que se hacen las familias con hijos escolarizados en Ramón Bajo, el centro público del barrio, que lleva años arrastrando una serie de problemas que le impiden despegar definitivamente para convertirse en motor de las calles que le rodean.

Son muchos e importantes los esfuerzos realizados por parte de toda la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos, pero escaso el apoyo mostrado por las instituciones, según denuncian. El Ayuntamiento gasteiztarra prometió hace dos años que los niños tendrían una nueva escuela donde poder acudir a clase, ya que el edificio actual se ha quedado pequeño y obsoleto. El Plan de Revitalización de la parte vieja barajaba como posible ubicación el Palacio Escoriaza-Esquível, pero el proyecto sigue parado.

"Lo único que hacen los distintos gobiernos es pasarse la patata caliente unos a otros", asegura Miguel Ángel Hernández, portavoz de la AMPA del centro. El Consistorio asegura que no tiene competencias en materia de Educación, el Gobierno Vasco recuerda que no tiene poder de decisión sobre el edificio, y el ARICH (Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria) insiste en que carece de suficiente dinero para ejecutar la obra. Así las cosas, Ramón Bajo recibió ayer la visita de los parlamentarios que integran la Comisión de Educación de la Cámara vasca, que quisieron interesarse por la situación del centro.

Pero la falta de espacio no es el único problema que tiene la escuela. Actualmente escolariza a buena parte del alumnado inmigrante que vive en el barrio, hasta el punto de que el 70% de los estudiantes de Ramón Bajo es de nacionalidad extranjera. El centro lleva años apostando por un programa multicultural, convencido de la riqueza que aporta compartir clases con compañeros de diferentes culturas. Sin embargo, cree que una excesiva concentración de inmigrantes afecta a la estabilidad del aula y puede repercutir en la calidad educativa. En este sentido, recuerda que el Parlamento Vasco recomienda que el número de extranjeros por clase no supere el 25% del total. "Queremos que se reparta al alumnado en todos los centros, tanto en los públicos como en los concertados", añade Hernández.