Bilbao. El portavoz de la Asociación nacional de afectados por adopciones irregulares (Anadir), Antonio Barroso, considera "indispensable" que las familias reciban ayudas para recabar las pruebas necesarias que demuestren sus denuncias ante los tribunales, petición que transmitió ayer a Ángel Núñez Sánchez, fiscal asesor del ministro de Justicia, con quien mantuvo una reunión para evaluar las necesidades que tienen los numeroso afectados. "Entre las necesidades principales está contar con oficinas en las diferentes comunidades autónomas para poder dar atención directa a los afectados o interesados en recibir o aportar información sobre el tema durante todo el tiempo que sea necesario", afirma Barroso.

La atención psicológica y la subvención de las pruebas de ADN, son otras de las demandas que han transmitido al ministerio de Justicia. " Las pruebas de ADN que precisamos para demostrar ante un juez la relación biológica entre los niños dados ilegalmente en adopción con sus verdaderas familias son caras y corren a cargo de los interesados, por eso creemos muy importante una ayuda económica para que no suponga un impedimento para ningún afectado", señala Barroso. Por otra parte, "el asunto es lo suficientemente grave como para que genere cuadros traumáticos en los afectados, por lo que consideramos conveniente y necesario contar en muchos casos con ayuda psicológica de un profesional" explica el portavoz.