CÁDIZ. Pasadas las tres y media de la tarde ha entrado María José Campanario, acompañada de su marido, el torero Jesulín de Ubrique, y de su madre, a quienes han gritado "¡Ladrones!" y "¡Váis a ir a Puerto II!" algunos de los congregados ante la puerta de la Audiencia, donde también hay numerosos medios de comunicación, en especial de la prensa del corazón.

La mujer del diestro es una de las 25 personas acusadas de formar parte de una trama organizada dedicada a obtener de manera fraudulenta pensiones por incapacidades laborales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) estimó el recurso presentado por las defensas de los procesados y estableció que el juicio por esta causa se celebrase ante una sala de jueces profesionales y no ante un jurado popular.

La razón es que el delito principal, que arrastra al resto, es el de estafa, que no es competencia del jurado, según establece la ley.

Según el Tribunal Supremo, el resto de imputaciones -falsedad en documento oficial, actividades prohibidas a funcionario y cohecho- son meras actuaciones instrumentales para lograr la estafa.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal explica que Carlos Carretero, exjefe de la policía municipal de Ubrique (Cádiz) ideó un plan para obtener dinero de personas a las que ofreció obtener de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Para ello se puso de acuerdo con su amigo Francisco Casto Perez, un inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacdades de la Junta de Andalucía, quien, por este cargo, tenía una situación "privilegiada" para controlar y tramitar altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral, según el fiscal.

Entre las personas que obtuvieron la incapacidad laboral estaba, según el escrito del fiscal, Remedios Torres Jiménez, la madre de María José Campanario, que no trabajaba y tenía ya reconocida una minusvalía sin derecho a pensión.

María José Campanario, que siempre ha mantenido que fue engañada y que ella es inocente, ha rechazado pactar su condena con el fiscal y aceptar su culpabilidad, a cambio de reducir su condena hasta dos años de prisión, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel.

Ella, su madre y el inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal solicita diez años de prisión al igual que para Carretero, son de los pocos acusados que no han aceptado ese acuerdo, según fuentes jurídicas.