vitoria. Las primeras reacciones ante la decisión del TSJPV de considerar ilegal el recorte de los salarios en la red concertada no se han hecho esperar, pese a que los principales afectados, los colegios de Kristau Eskola y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza), han preferido aguantar hasta hoy para dar a conocer una valoración de la sentencia, que probablemente será recurrida.

Sindicatos y Gobierno Vasco aplauden la decisión, aunque por motivos diferentes. Los primeros se limitan a defender el convenio colectivo de los más de 15.000 trabajadores afectados desde septiembre por la bajada de sueldo, mientras que el Ejecutivo autonómico insiste en que la determinación adoptada por el Tribunal Superior vasco avala la decisión del Departamento de Educación de "ajustar a la baja" el dinero dirigido a estos centros. "Los colegios concertados con un convenio colectivo firmado deben respetarlo y aplicar los ajustes en aspectos que no sean los salarios de los trabajadores", declaró ayer la portavoz Idoia Mendia.

Quienes no han dudado en mostrar su decepción ante la sentencia conocida a última hora del lunes son las ikastolas, la otra pieza principal de la red concertada, que todavía esperan a conocer la resolución a una demanda similar que los sindicatos han interpuesto contra estos centros. Su presidente, Koldo Tellitu, confiesa que todavía tiene la esperanza de que el TSJPV entienda que se encuentran en un callejón sin salida ante el recorte presupuestario introducido por el Gobierno Vasco dentro de las medidas anticrisis; un recorte que les ha llevado a bajar los salarios del personal laboral y docente en torno a un 3,5%. Insiste, en este sentido, en que si el juez les obliga a reintegrar a sus trabajadores las cantidades descontadas en sus salarios desde septiembre, tal y como sucede con los centros de Kristau Eskola y AICE, no les va a quedar más remedio que replantearse otras fuentes de financiación, como el cobro de cuotas, una herramienta ilegal cuando se trata de pagar los sueldos de los profesores. "No nos parece lógica la sentencia, cuando ya se sabe que el cobro de cuotas sólo está permitido para servicios complementarios, como el comedor o las actividades extraescolares", añade.

Además, Tellitu cuestiona que el Tribunal haya eximido a Educación de cualquier responsabilidad, cuando a su juicio "es la responsable subsidiaria de esta situación".