vitoria. Siete formaciones políticas están de acuerdo en que, después de cuatro años de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, una norma que se hizo esperar tres largas décadas, se cumpla de una vez por todas el artículo 15, que ordena la retirada de más de una docena de símbolos franquistas existentes aún en Álava. El documento es taxativo en este sentido y dicta la erradicación de placas, bustos, emblemas, escudos y placas que exalten el régimen dictatorial. El Parlamento Vasco también lo entiende así y por ello emplaza al Gobierno de Lakua a borrar unas huellas que para muchos son auténticas heridas abiertas. Ahora sólo resta que el Ejecutivo de Lakua elabore un catálogo de estos elementos y proceda a su eliminación.
Algunos, como el busto de Calvo Sotelo en Laguardia, ya forman parte del pasado tras su reciente retirada. Un solitario pedestal da fe de que allí se erigió la efigie del que fuese ministro de Hacienda entre 1925 y 1930 durante la dictadura de Primo de Rivera, pero otros muchos aún recuerdan en Álava los días en los que el general Franco, posteriormente autoproclamado generalísimo e invicto caudillo, gobernó como dictador.
Un breve paseo por la capital alavesa muestra al visitante cuatro escudos preconstitucionales, con sus águilas imperiales y sus leyendas "una, grande, libre". El primero, situado en el interior de la Catedral Nueva -construcción que el dictador inauguró bajo palio el 24 de septiembre de 1969-, se alza bajo el rosetón multicolor de la entrada. El segundo, visible desde la calle, se muestra en lo alto del edificio del antiguo Palacio de Justicia de la calle Olaguíbel. Dentro de la iglesia de San Vicente, también en Vitoria, se esconden otros dos escudos de la misma índole, si bien los responsables del templo no permiten que se tomen fotografías de los mismos. Finalmente, en lo que a la capital respecta, muchos bloques de viviendas construidos en las décadas de los 60 y 70 muestran aún en el exterior de sus portales las placas que el entonces Instituto Nacional de la Vivienda adjudicaba a los inmuebles ejecutados bajo el auspicio del ministerio del ramo. Unas placas plateadas con el yugo y las flechas representativos de la Falange.
En la localidad alavesa de Barriobusto, junto al dintel que da acceso a la parroquia de San Millán Abad, aún se mantiene una placa -en realidad una lápida con ocho nombres inscritos en ella- dedicada "a los caídos por Dios y por España", que lleva la firma de "su cura" Andrés Fernández "en el año de la victoria, 1939". En Laguardia, otra placa anclada en la fachada de un edificio rinde homenaje a Luis Rabanera, jefe del tercio requeté de Álava y tio-abuelo del ex diputado general del territorio, "muerto gloriosamente el 20 de abril de 1937 por Dios y por la patria en el frente de Vizcaya".
voz unánime La iniciativa transaccional presentada ante el Parlamento Vasco por Aralar y firmada por PSE y PNV sobre la realización del catálogo de símbolos franquistas que se cita en la Ley de Memoria Histórica, fue aprobada por unanimidad en febrero. El PP también votó afirmativamente a la enmienda pese a que su grupo había votado en contra de la citada ley en el Congreso español. El parlamentario de Aralar Dani Maeztu, subrayó la importancia del paso dado "para que el catálogo sea realizado y se avance en terminar con la impunidad que el franquismo ha tenido en nuestras plazas, calles y sitios públicos".
Sin embargo, otras agrupaciones como la Plataforma de Familiares de Víctimas de la Rebelión Militar de 1936, Lau Haizetara Gogoan, que aplauden la iniciativa, reclaman dar un paso más allá. Piden al Gobierno Vasco que inicie una recogida de declaraciones protocolorizadas de las víctimas y familiares con el fin de "proceder con efectividad y eficiencia a la recogida de testimonios que tengan validez judicial". En la actualidad, existe un convenio entre Lakua y la Sociedad Aranzadi para recoger 50 testimonios, algo que Lau Haizetara Gogoan ve "claramente insuficiente". Tampoco coinciden en la metodología a aplicar, ya que frente a la "conversación libre" que propone el Ejecutivo, ellos plantean el protocolo aceptado por el Departamento de Justicia y Administración Pública y una grabación en vídeo de la entrevista. la información se editaría en formato electrónico y pasaría a formar parte de una base de datos relacional que incluso contaría con muestras de ADN. En dicha base de datos también se volcaría la información de los más de 90.000 expedientes sobre prisioneros y otras cuestiones que obran en poder de Aranzadi y del Gobierno Vasco.
