poco o nada ha cambiado desde que en julio de 2009 Zapatero anunciara la decisión de cerrar la central nuclear más antigua del Estado, la de Santa María de Garoña, ubicada en el límite entre Burgos y Álava. De nuevo el futuro de la planta, cuyo final estaba previsto para 2013, sigue siendo una incógnita que el Gobierno central se resiste a resolver, consciente de lo mucho que se juega, la dificultad que tiene para lograr apoyos en las Cortes y la presión que ejerce la industria eléctrica ahora que la factura de la luz ha subido.
El motivo de que se haya reabierto un debate que muchos creían zanjado tiene su origen en la reciente aprobación de la Ley de Economía Sostenible (LEE), que incorpora una enmienda de CiU y PNV, pactada con el resto de grupos del Senado, que abre la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan, teniendo en cuenta las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear, y la evolución de la demanda y la tecnología.
Desde entonces, la indefinición se ha instalado en el discurso del Ejecutivo de Zapatero, que no quiere aclarar si la ley afecta también a Garoña. Los colectivos ecologistas piden al presidente que dé un golpe sobre la mesa para decir que no hay posibilidad de debate, pero éste no acaba de llegar. De hecho, los lobbies nucleares tienen clara la continuidad y ven en este momento una oportunidad de seguir sacando beneficios de la vetusta planta atómica, conocida como la de las mil grietas. Así, la presidenta del Foro de la Industria Nuclear, María Teresa Domínguez, ha declarado esta misma semana que "aún viniendo vientos difíciles" para Garoña, éstos "ya han pasado" porque su titular, Nuclenor, invirtió 300 millones de euros con vistas a la renovación de la licencia de explotación. Asegura, por lo tanto, que la planta "está preparada" para seguir operando cuando "todos estén de acuerdo".
De hecho, Garoña trabaja ya con la premisa de que estará abierta hasta 2019. El director de la central, José Ramón Torralbo, asegura que cuenta ya con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, y que no sólo cumple al límite los requisitos, sino que continúa apostando por su modernización y la formación de sus profesionales para poder seguir operando de forma fiable hasta el año 2019. Para ello sería necesario que el Gobierno central redacte un decreto que anule el anterior, en el que se dictaminaba el cierre de la instalación en 2013. En su opinión, esta posibilidad es "absolutamente factible", sobre todo tras la última aprobación de la Ley de Economía Sostenible (LEE). "Hace referencia a todas las centrales nucleares españolas y condiciona su funcionamiento al cumplimiento de las directrices del CSN, lo que refuerza los argumentos de Garoña para solicitar su continuidad", asegura.
El planteamiento que hace el director de Garoña choca con la interpretación del PNV, precisamente una de las formaciones que ha dado pie a que salga adelante la normativa que permitirá prolongar la vida de las plantas nucleares más de 40 años. El diputado Emilio Olabarria insiste en que la LEE establece una "única excepción" para evitar la prórroga, que es que no exista una orden previa que ya prevea una fecha concreta para cerrar la instalación, como es el caso de Garoña. Por este motivo, está convencido de que la ley no afectará a la planta burgalesa. "Garoña se cerrará en 2013; de hecho, el Gobierno central se ha reafirmado en sede parlamentaria", asegura.
La decisión de los jeltzales de apoyar la polémica enmienda ha sido duramente criticada por ciertos sectores, especialmente por los grupos ecologistas, que ven en esta formación un cambio de rumbo en cuanto a la política energética. "Es un despropósito por parte del PNV, que se colocó detrás de la pancarta contra Garoña", asegura Andrés Illana, portavoz de Ekologistak Martxan. El colectivo también da por hecho que la central no cerrará en 2013, una decisión que considera peligrosa en vista de las numerosas incidencias que ha venido protagonizando durante los últimos años. "Garoña es una central amortizada, no pasa nada si se cierra mañana mismo, no vamos a notarlo en el recibo de la luz porque para eso están las energías renovables", añade. También critica a quienes utilizan la excusa del empleo para justificar la prórroga de la planta atómica, como es el caso de los sindicatos CCOO y UGT. "No se puede ir diciendo que los trabajadores se van a la calle; Garoña tenía una fecha de cierre, por lo que alguien no ha hecho los deberes".
compensaciones En Álava, mientras tanto, la polémica se centra en la necesidad de que el Gobierno central tenga en cuenta a los municipios del territorio próximos a la planta, para que en caso de que Garoña sí eche la persiana en 2013, se les incluya en el plan de ayudas que el Ejecutivo de Zapatero ha elaborado para los pueblos de Burgos.
Por el momento, la posibilidad de que se les conceda algún tipo de compensación parece remota, como quedó reflejado en el debate que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso de los Diputados, donde tanto PSOE como PP rechazaron una moción de los nacionalistas vascos que instaba a Madrid a incluir los municipios alaveses en el plan de revitalización económica.
Dentro del círculo de 10 kilómetros de diámetro que se ha trazado en torno a la central de Garoña, están los ayuntamientos de Lantarón y Valdegovía. Estos municipios se encuentran incluso más cerca que otras localidades burgalesas como Miranda de Ebro, que sí están contempladas en las ayudas. "Supongo que es una especie de castigo, ya que nosotros estamos a favor del cierre. De todos modos, es algo surrealista que se pacten una ayudas cuando todavía nadie tiene claro que vayan a cerrar la central", asegura el alcalde de Valdegovía, Juan Carlos Ramírez.
En contraposición con su colega de partido Emilio Olabarria, el primer edil jeltzale es de los que pronostica una prórroga de la instalación nuclear. "Tengo clarísimo que no lo cierran, incluso aunque el PSOE gane las próximas elecciones, porque el lobby eléctrico está trabajando muy fuerte y tiene una grandísima ventaja ya que ha subido la luz", apunta.
Aunque ningún vecino de Valdegovía depende directamente de Garoña por cuestiones de empleo, el Ayuntamiento recibe anualmente 300.000 euros por el hecho de ubicarse cerca de la central, lo que supone un 11% del Presupuesto con el que cuenta el Consistorio. La desaparición de la instalación burgalesa, por lo tanto, sí se dejaría notar en las arcas municipales, por lo que ha solicitado al Ministerio de Industria compensaciones para sufragar algunas obras pendientes, como la construcción de un nuevo centro médico en Villanueva o la cubierta del frontón. "Pero sabemos que es una pérdida de tiempo, no nos van a dar ni un duro", aclara Ramírez.
La Diputación alavesa ha presentado también ante el Gobierno central una paquete de 36 actuaciones que a su juicio se deberían llevar a cabo en el territorio tras el cierre de la central. El documento contempla ayudas no sólo para Valdegovía o Lantarón, sino también para municipios que se encuentran en el radio de 30 kilómetros, como Amurrio, Iruña Oka, Ribera Alta, Ribera Baja, Kuartango, Salinas de Añana, Aiara, Urkabustaiz o Zambrana.
El PNV asegura que va a dar dos semanas de plazo al Ministerio de Industria para que convoque la comisión mixta que analizará los posibles efectos económicos que tendrá la central cuando se cierre. Una discusión carente de sentido, en opinión de ayuntamientos como el de Valdegovía. "A nosotros no nos van a dar nada, y ya veremos si les dan a los de Burgos porque, ¿qué sentido tiene acordar ayudas si Garoña no se va a cerrar?", se pregunta el primer edil alavés.
