vitoria. La falta de previsión del Gobierno Vasco a la hora de presupuestar una cantidad acorde con la demanda de solicitantes de ayudas de emergencia social (AES), -el pasado año destinó inicialmente 17,3 millones para 19.000 personas que solicitaron esta prestación en la CAV- repercutieron en las arcas de los municipios vascos propiciando que siete de cada diez ayuntamientos superasen el presupuesto destinado para AES durante el primer trimestre. Por ello, además de los propios consistorios, diferentes colectivos y partidos políticos, entre ellos el PNV o Ezker Batua, han solicitado a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que gestione los 19.000 expedientes de estas personas a través de Lanbide, como pretende hacer con la renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (CPV) y de esta manera pasar a controlar íntegramente todo el conjunto de instrumentos que se disponen para la garantía de ingresos y la inclusión social. Sin embargo, mientras el RGI es una prestación económica dirigida a las personas que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos derivados de un proceso de inclusión laboral o social, las AES no están catalogadas como un derecho subjetivo, sino como una prestación de asistencia social cuyo reconocimiento está condicionado a la existencia de recursos presupuestarios suficientes.

Por ello, los 17,3 millones que el Gobierno Vasco ha destinado en este ejercicio para cubrir la incipiente demanda -la misma cantidad que destinó el pasado año- no auguran buenos presagios para los municipios vascos, que temen vivir un nuevo episodio como el que protagonizaron el pasado año, donde la acuciante situación económica obligó a intervenir al Gobierno vasco y a equilibrar la balanza con 6,7 millones más a los 17,3 inicialmente desembolsados.

Así las cosas, el Gobierno Vasco se ha limitado a realizar un ejercicio de quita y pon para confeccionar los presupuestos con los que podrán contar los ayuntamientos para sufragar las necesidades de sus convecinos. Mientras que municipios como Bilbao, Santurtzi, Amorebieta-Etxano o Barakaldo han incrementado levemente sus partidas respecto al 2010, Donostia y Vitoria han sufrido un tijeretazo de 120.000 euros.