vitoria. Un informe interno de la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno Vasco sobre la conveniencia de gestionar las ayudas sociales de derecho a través de Lanbide, advierte de una posible pérdida de eficacia del servicio para las más de 69.000 personas que reciben alguna de esta prestación en la CAV. Este organismo fundamenta su consideración en que no está garantizado un aumento de personal cualificado que sea capaz de ejecutar los trabajos que hasta ahora desarrollan las diputaciones forales junto con los servicios sociales de base de los ayuntamientos. El texto emitido por la OCE, órgano integrado en la estructura del Departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo, observa en su análisis que las pretensiones del Gabinete López de llevarse la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (CPV) al Servicio vasco de Empleo resultan, en estos momentos, ineficientes. "Esta Oficina no encuentra particularmente ventajoso o justificado que la gestión integral de estas prestaciones se haga desde el Servicio Vasco de Empleo, al menos inmediatamente y al menos en el diseño que del mismo se ha hecho en su ley de creación", reza el informe.
Mientras el Gobierno Vasco sostiene que introducir un cambio en el modelo de gestión debería resultar "muy positivo" para el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, así como para el Sistema Vasco de Servicios Sociales, desde la Oficina de Control Económico se muestran mucho más precavidos y sugieren algún cambio en la naturaleza y en el alcance de Lanbide ya que, según estiman, "aunque pueden encontrarse razones para un planteamiento de centralización gestora, resulta criticable desde un punto de vista coste-beneficio tanto la precipitación temporal como la hipotética desvirtuación que se puede, al menos en la teoría, producir de esta política a través de la fagocitación de la misma por la gestión que se propicia desde el servicio de empleo".
Cabe recordar que uno de los principales argumentos, si no el principal, que esgrime el Gobierno Vasco para gestionar las ayudas sociales a través de Lanbide, es el de activar laboralmente a las personas desempleadas para que la percepción de una ayuda no implique que dejen de buscar empleo.
En este sentido, el informe de la Oficina de Control Económico explica que hay un colectivo "bastante numeroso" de perceptores de RGI de naturaleza pasiva -concretamente el 45% de los que reciben esta ayudas son pensionistas- que en absoluto será activable laboralmente pero que sí son susceptibles de requerir actuaciones de inserción social. "Su pase gestor al servicio de empleo, resultando posible, (por ejemplo una persona que cobre una prestación por incapacidad laboral) resulta cuando menos chocante".
Sorprendentemente, con estas apreciaciones a modo de conclusión, la OCE emite un dictamen favorable al cambio gestor que pretende llevar a cabo el Gobierno Vasco, no sin antes apercibir que resulta "imperativo" plantear una transitoriedad acorde con la necesidad de una asunción funcional que garantice, según remarcan, "una prestación con intensidad y calidad contrastada".
incertidumbres El informe de la Oficina de Control Económico, de carácter público, está enmarcado en un contexto donde diversos agentes sociales, culturales y económicos -Emakunde, la Dirección de Normalización Lingüística o la propia OCE, entre otros- han elaborado sus respectivos informes, en los que reflejan la viabilidad de aprobar el proyecto de ley para la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Si bien es cierto que ninguno de ellos ha dictado ninguna resolución desfavorable, la mayoría de organismos ligados al Ejecutivo vasco no han ocultado las incertidumbres que plantea un cambio de esta envergadura en una materia de índole tan delicada como son las ayudas sociales.
El informe de la asesoría jurídica, por ejemplo, plantea dos inquietudes sobre el cambio en el modelo de gestión. Por un lado, los mecanismos que piensa emplear Lakua para adecuar las estructuras en las administraciones forales y locales una vez que se proceda al reparto de competencias. Por otro, la centralización de todo el sistema en un ente recientemente constituido. "Las prestaciones que nos ocupan no pueden ser entendidas únicamente desde la perspectiva del empleo. Se corre el riesgo de confundirlas con aquellas destinadas a la protección del desempleo actualmente integradas en la acción protectora de la seguridad", remarca.
Una de las principales reivindicaciones del informe correspondiente al Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL), formado por sindicatos y empresarios, radica en que el Gobierno Vasco dote a Lanbide de los recursos necesarios para que gestione con garantías el conjunto de las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral. "El proyecto de ley no define con la suficiente claridad el modo en que está previsto garantizar tanto la atribución de nuevos recursos como la puesta en marcha de aquellos mecanismos de coordinación con otros sistemas. Por ello, los miembros de la comisión de informes muestran una preocupación compartida por el hecho de que la falta de resolución eficaz pueda acabar repercutiendo negativamente en la eficiencia de Lanbide", concluye.
