Vitoria. El Juzgado de Instrucción número uno de Gasteiz escenificó ayer un nuevo episodio del largo proceso que se sigue contra el director foral de Transportes entre los años 2000 y 2006, Carlos Jiménez, y sus cuatro presuntos cómplices, responsables de las firmas Spot Advertising S.L. y Fatco, por haber tejido una supuesta trama mediante la que el primero desvió con fines lucrativos más de 1,4 millones de euros de las arcas forales. Una cuantía económica que debía haber servido para subvencionar varias líneas rurales de autobús deficitarias pero que, presuntamente, acabó en manos de los imputados a través de la contratación por parte de éstas de servicios de diseño y distribución de publicidad inexistentes. Desde un primer momento, todos han negado tener alguna relación con los hechos que se les atribuyen. Pero ahora se sientan en el banquillo por la comisión de tres presuntos delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad en documento mercantil.

Los cinco imputados volvieron a comparecer al filo de las 11.00 horas ante la jueza que instruye el caso en una vista que sirvió para que las tres partes acusadoras, el Ministerio Fiscal, la Diputación alavesa y el abogado Manuel Maysounave, quien destapó la supuesta trama hace más de cuatro años, concretasen estas acusaciones como paso previo a la apertura del juicio con jurado. Al menos éste es su deseo, aunque deberá decidirlo el Juzgado instructor cuando concluya esta fase procesal. El viernes se reanudará con la comparecencia de dos letrados que ayer no pudieron acudir a los juzgados.

Las alarmas saltaron cuando el exdiputado de Obras Públicas y Transportes, el popular Javier de Andrés, cesó a Jiménez después de que se detectaran irregularidades en las cuentas de este departamento. El propio De Andrés compareció ante las Juntas en noviembre de 2006 para explicar lo ocurrido y desmarcarse del asunto antes de que pudiera llegar a salpicarle.

El propio auto judicial emitido hace unas semanas por la jueza explica que Jiménez conoció a Francisco Javier del Olmo y Marcelo Díaz, ambos responsables de la sociedad Spot Advertising (SAA), así como a Enrique Azpíroz y su esposa Socorro García, administradores de la firma Fatco de Andoain, y que "valiéndose de su cargo como jefe del Servicio de Transportes y de las funciones que por ello tenía atribuidas, entre ellas las de fijar el importe de las subvenciones a entregar, se puso de acuerdo con el resto de los imputados para distraer fondos de la Diputación entre el año 2001 y 2005". Y lo hizo, siempre de acuerdo con el documento redactado por la jueza, concediendo subvenciones a las empresas Continental, Alegría Hermanos, Autobuses Vitoriana, Autobuses Pinedo, Autobuses Palacio, Hermanos. Arriaga, Autocares Zadorra, Unión, Pesa y Autoyón. El dinero se abonó a las empresas y éstas, a su vez, pagaron a Fatco y a SAA unos servicios de publicidad que nunca se realizaron, materializados mediante facturas ficticias.

penas y responsabilidad civil Las calificaciones provisionales expuestas ayer por las partes recogen, en esencia, el mismo relato de los hechos realizado por la jueza en su auto, así como las mismas acusaciones a los imputados. Con la diferencia de que Maysounave, que a partir de ahora será relevado por su hijo Juan Bosco en este procedimiento, sí concreta una petición de penas para ellos. El abogado solicita tres años y un día de prisión para el exjefe foral de Transportes, tres años y seis meses para el resto de imputados, y el reintegro a la Diputación del dinero supuestamente defraudado. "Mi intención es que se recupere el dinero, porque son lo suficientemente solventes", declaró Maysounave a la salida del Palacio de Justicia.

Ante la posibilidad de que no se cumpla este extremo, el abogado también ha añadido en su calificación la responsabilidad civil solidaria o, en su defecto, subsidiaria, de las diez empresas de transportes que contrataron los servicios inexistentes "por la cooperación necesaria prestada a la comisión de los ilícitos concretados para obtener fraudulentamente los caudales públicos malversados". Según el abogado, deberán comparecer en el juicio cuando éste se produzca.