El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno Vasco no ha dejado indiferente a nadie. Durante las últimas semanas han sido muchas las reacciones al texto, especialmente entre los partidos políticos, que aunque con matices, han criticado su contenido desde el principio, llegando a asegurar incluso que no se trata más que de una estrategia del PSE de cara a las próximas elecciones municipales.

El principal socio del Ejecutivo, el PP, ha asegurado que no podrán contar con él para sacar la legislación adelante, por lo que todo apunta a que aún habrá que esperar un tiempo hasta la entrada en vigor de la normativa. Además, probablemente buena parte de las medidas planteadas no prosperen ante las dificultades para lograr los apoyos necesarios.

El articulado recoge una serie de medidas inéditas en Euskadi, que tiene como base el reconocimiento del derecho subjetivo por ley a una vivienda para las personas con menos recursos. Una máxima que, según uno de los máximos expertos en vivienda del Estado, el catedrático José García Montalvo, "no resulta una buena idea". "Si la gente lo reclamara colapsaría totalmente la Justicia. Además, si satisfacer ese derecho se tiene que hacer a partir de recursos públicos, podría requerir un nivel de impuestos incompatible con lo que los ciudadanos están dispuestos a pagar".

En definitiva, el anteproyecto suscita muchas desconfianzas, y no sólo entre los promotores, sino también entre los agentes sociales e incluso entre los propios demandantes de VPO, que muestran sus dudas en torno al texto, tal y como ha podido constatar DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Las personas consultadas coinciden en una misma idea. "A Álava no le hace falta más vivienda". Así de contundente se muestra el presidente de la Asociación de Vecinos de Mariturri, Adolfo Gago, que recuerda que en el territorio hay cerca de un millar de personas inscritas en Etxebide, pero más de 10.000 viviendas vacías. El anteproyecto, sin embargo, prevé la construcción de 6.700 nuevas VPO. "La medida no corresponde a los cánones de crecimiento y nos llevará a una redensificación innecesaria y más rápida aún", añade.

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria admite también su preocupación por el hecho de que el 50% de la vivienda protegida de Euskadi haya recaído sobre Álava, donde una parte importante de ella está todavía sin adjudicar. "Construyen VPO pero las condiciones siguen siendo las mismas y los bancos siguen sin conceder créditos. Eso hace que haya un terrible desequilibrio entre la oferta y la demanda", asegura su presidente, José Ricardo Arce.

Por su parte, desde el colectivo social Elkartzen defienden la utilización de las viviendas vacías, frente a las nuevas promociones, para garantizar el acceso de las personas con menos recursos. "Lo que realmente haría falta es legalizar y regular la ocupación de estas viviendas, como se hace en otros países de la Unión Europea", asegura su portavoz, Carlos Martínez de Morentín.

En este sentido, y consciente de la gran cantidad de casas paradas que hay por todo el territorio, el anteproyecto de Ley del Gobierno Vasco plantea cobrar a sus dueños un canon de 10 euros por metro cuadrado, una medida que suscita también bastantes discrepancias. Para la API, por ejemplo, es incorrecto entender la vivienda como un bien social, siempre y cuando ésta sea libre. En esta idea coincide con el portavoz vecinal de Mariturri. "La VPO no puede estar vacía, pero es injusto emplear este criterio para la vivienda privada. No se puede castigar a la gente que ha trabajado más o ha tenido más suerte", asegura Gago.

arrendamiento El alquiler, incluso forzoso, de la vivienda se plantea como una salida para encajar la oferta y la demanda. "El futuro está en el alquiler y en la rehabilitación", asegura Arce, consciente del alto grado de obsolescencia que existe en todo Álava, y en Vitoria en especial, donde se calcula que más de 18.000 viviendas necesitan ser reformadas con urgencia.

Desde que estalló la crisis, el arrendamiento ha sido la alternativa par muchos propietarios que no han conseguido vender sus casas. La necesidad es tal que desde el Colegio estiman que en los últimos años la renta media en Vitoria ha bajado en 100 euros, pero los demandantes lo siguen viendo excesivo. "Falta una ley que ponga límite al alquiler privado", asegura Elkartzen, aunque existe también un fuerte malestar con los alquileres sociales.

El Gobierno Vasco insiste en que el alquiler medio de una VPO se sitúa en 320 euros, una cantidad que según Gago no puede estar más lejos de la realidad. "A eso hay que sumarle el IBI y los gastos de comunidad. Además, calculan la renta en función de unas tablas de ingresos que se han quedado antiguas, ya que hay gente que ahora está en paro y sigue pagando hasta 680 euros por su piso", añade.

Alokabide, el servicio de alquiler del Gobierno Vasco, se está encontrando con verdaderos problemas para adjudicar sus viviendas. Para Gago, la razón es obvia. "No puede ser que en un mismo bloque unos estén pagando 700 euros y otros nada, por no hablar del mal estado de conservación en el que se encuentran muchas viviendas. Eso hace que al final se creen guetos. El precio del alquiler debería ser fijo, para que a partir de ahí se introduzcan las variables oportunas dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno". En esta idea coincide con el Colegio de los API. "La vivienda tiene que tener un precio fijo. Luego, en función de los ingresos, se podría recurrir a las subvenciones", añade Arce.

En definitiva, más recursos económicos públicos es lo que demandan los distintos agentes consultados, también desde Elkartzen, que insiste en que la Ley vuelve a caer en el mismo error que la anterior. El del principio de la autofinanciación. "Entendemos que este anteproyecto continúa sin dar salida al problema del acceso al disfrute de una vivienda digna para aquéllos que no tienen recursos suficientes", opinan.

expropiación La futura Ley recoge medidas insólitas como la expropiación de viviendas protegidas a quienes ganen el doble del máximo permitido durante tres años -el límite oscila entre 70.000 y 120.000 euros anuales-. En este punto existe cierto consenso, ya que la mayoría la considera una medida extrema. Incluso Elkartzen cree que se deberían estudiar medidas alternativas antes de proceder al desahucio, como establecer de forma temporal un canon sobre el precio de la vivienda. "Con la vulnerabilidad del mercado laboral, esto se puede convertir en una trampa", asegura.

Expropiación complicada El economista García Montalvo recuerda que la expropiación es algo "complicado" y "bastante traumático desde el punto de vista legal". Cree que sería mucho más fácil que todas las nuevas Viviendas de Protección Oficial fueran de alquiler social, de tal modo que se perdería ese derecho cuando el inquilino superara unos determinados ingresos. "La técnica del anteproyecto, basada en la renta de los últimos tres años, me parece bastante difícil de aplicar. Era bastante más sencillo el mecanismo propuesto por el proyecto de Ley vasco de 2008, que establecía que si alguien compra una vivienda libre pierde el derecho sobre cualquier vivienda protegida si tuviera", añade.