berlín. Tras cerrar cerca de 5.000 granjas, las autoridades alemanas confirmaron ayer que los primeros análisis de gallinas ponedoras que comieron piensos con dioxinas muestran tasas de esta sustancia 2,5 veces por encima de lo permitido.
Se trata, según el Ministerio de Agricultura de Alemania, de pruebas efectuadas a tres gallinas procedentes de Renania del Norte-Westfalia (oeste del país) en cuyo tejido adiposo se localizó una tasa de dioxinas de 4,99 picogramos por gramo (pg/g), cuando el máximo permitido es de 2 picogramos (billonésima parte de un gramo). "La carne no se estaba vendiendo. Los animales fueron sacrificados y sus cuerpos incinerados", aclaró un portavoz.
Los huevos procedentes de la explotación a la que pertenecían estas gallinas han sido devueltos y el Departamento de Agricultura publicó en Internet los diferentes números de serie.
El Ministerio aclaró que la carne de estas aves ponedoras suele venderse, en circunstancias normales, como sopa de pollo.
En el resto de análisis, otras tres explotaciones de gallinas dieron tasas por debajo de los 2 picogramos por gramo, igual tres de pavos, mientras que en seis granjas de cerdos se registraron resultados inferiores a un picogramo por gramo.
La confirmación del Ministerio de Agricultura alemán sobre las pruebas se produjo pocas horas después de que la revista Focus adelantara los resultados, que se encuentran en un informe enviado el día 6 a la Comisión Europea (CE).
Mientras tanto, se estrecha el cerco sobre Harles & Jentasch, una de las 25 empresas fabricantes de piensos compuestos en las que se detectó altas tasas de contaminación.
Según anunció ayer el Ministerio de Agricultura del estado federado de Baja Sajonia, a los dueños de Harles & Jentasch se les investiga también por un delito de estafa y otro de evasión de impuestos.
Un portavoz ministerial explicó que, por cada tonelada de grasa industrial no apta para el consumo humano que Harles & Jentasch usaba para fabricar sus productos, ésta pagaba 500 euros.
Lo normal, explicó, es que las empresas abonen unos 1.000 euros por una tonelada de grasa vegetal apta para fabricar piensos. El Ministerio de Agricultura de la zona de Baja Sajonia añadió que estas acusaciones se unen a la anterior sobre atentado contra la salud pública.
