vitoria. La crispación reinó ayer en la comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales de Álava con motivo de la comparecencia de la diputada de Intervención Social para explicar los decretos forales que reducen entre un 17% y un 18% la prestación económica en el entorno familiar.
La procuradora del PP, Ana Morales, tildó de "desfachatez " la explicación que la diputada Solaguren ofreció por los supuestos recortes para los cuidadores de dependientes. "No contesta a la iniciativa que nuestro grupo presentó, mientras que a la del PNV le pone una explicación en Power Point. No vemos voluntad de poner fin a los recortes. Así que no vamos a entrar en este circo de autobombo del PNV porque es una cortina de humo", afirmó la juntera Morales, en alusión a la otra respuesta dada por Solaguren en el tercer orden del día, sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Álava.
El Consejo de Diputados aprobó el pasado 8 de junio estos recortes para el nivel 1 grado 3 y en el nivel 2 del grado 2 de la Ley de Dependencia. En concreto, para el primer caso se pasaría de los 506,96 euros de 2009 a los 416,98 euros actuales, lo que supone una reducción de 89,98 euros mensuales.
La tijera que se metió en el segundo de los casos, hizo que se pasara de los 405,99 euros a los 337,25 euros, lo que supone 68,74 euros menos.
"La reducción se efectuó en junio de este año, cuando la Diputación tenía una desviación de 11 millones de euros entre lo presupuestado y lo gastado", contextualizó la responsable de la cartera de Intervención Social, ante el aumento de la demanda para estas prestaciones.
Solaguren añadió que la decisión de modificar las ayudas para los nuevos casos, "se hizo desde la responsabilidad de un equipo que tiene que regestionar con unos recursos limitados la mejor atención social". En este sentido, agregó que en la mitad de tiempo se han duplicado los servicios, prestaciones y programas sociales de la Diputación, respecto a lo puesto en marcha en los ocho años anteriores.
Al respecto, Solaguren recordó que "esta Diputación es un referente en cuanto a la aplicación de la Ley, en comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE", declaró en referencia al Real Decreto ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que los cuidadores dejan de percibir entre 1.800 y más de 3.000 euros, en función de los grados.
Es por ello que la diputada atribuyó al interés preelectoral las críticas del recorte, "cuando las medidas de Madrid para reducir el déficit establecen unos recortes muchísimo mayores". El grupo juntero socialista tampoco aplaudió la explicación dada por Solaguren. La juntera Eva Jiménez calificó de "mal gusto" comparar la aplicación de la Ley de Dependencia de Álava al disponer de otro tipo de recursos, que la encabezan frente a otras comunidades del Estado. "Le recuerdo que la Ley de Dependencia la puso en marcha un Gobierno socialista", añadió la socialista.
Por su parte, Nerea Gálvez, de EB, ironizó acerca de la "inconcreción" de Solaguren: "No sé si es que hoy estoy espesa o que no ha contestado sobre cómo va a reconducir la reducción de prestaciones, que se aprobó en una moción, en el pleno del 25 de octubre", dijo Gálvez.
