Multa de entre 15 y 25 pesetas por tratar de levantar, mediante una instancia, la sanción impuesta al maestro del pueblo. Cuando los papeles originales saltan a la pantalla en su formato digital y el lector viaja con ellos hacia atrás en el tiempo, la vergüenza de lo que ocurrió le invade. En este caso se trataba de la gente del municipio alavés de Pobes. Al profesor de la escuela, seguramente tildado de rojo por algún vecino, las autoridades le impusieron un severo castigo y sus vecinos quisieron ayudarle. Corría enero de 1938 y todos los firmantes de aquella instancia fueron castigados con multas de entre 15 y 25 pesetas, un dinero considerable para la época.

Los ejemplos de la "represión cotidiana", tal y como los denomina el investigador jefe del proyecto, José Antonio Pérez, se alternan con otros mucho más serios. Como el listado de los internos presuntamente excarcelados de la prisión provincial de La Paz el 31 de marzo de 1937. Una auténtica nómina de la muerte en la que, además del nombre del último alcalde republicano de Vitoria, Teodoro González de Zárate, figuraban otros quince nombres. El responsable del penal les comunicó que iban a ser liberados y les hizo firmar el papel que certificaba la mentira. Todos ellos fueron "paseados" hasta el puerto de Azazeta, donde se les asesinó. Su vida acabó en una fosa común, pero su historia, así como la del resto de los represaliados, ha llegado hasta nuestros días. El papel original ha servido para corregir algunos errores de transcripción localizados en los nombres de algunos ejecutados.

Como parte de aquella historia documental también apareció ayer en la pantalla del ordenador la carta por la que Teodoro Olarte Aizpuru, elegido presidente de la Comisión Gestora de la Diputación de Álava, fue entregado al nuevo alcalde de Vitoria, Rafael Santaolalla, en calidad de detenido.

En el archivo militar de Guadalajara aparecieron papeles que hablaban de José Plágaro Isusi, labrador que sumaba 60 años en 1939 y, a la sazón, alcalde de Okendo. Uno de los documentos que sobre su persona figuran en la base de datos cuenta como debido a sus "ideas nacionalistas exaltadas", le cayeron 30 años de prisión. Una pena que, posteriormente, le sería conmutada tal y como da fe otro de los certificados incluidos en su expediente.

A Julián Aguirre Basterra, presidente del Araba Buru Batzar, tampoco le fueron bien las cosas allá por 1937. Su condición de nacionalista y de elemento indeseable para el régimen le condujo al destierro. Un exilio en la ciudad gallega de Vigo que vino acompañado de una onerosa sanción. Nada más y nada menos que 2.000 pesetas de la época, todo un dineral.

Como principal impulsor de la iniciativa, el diputado general de Álava, Xabier Agirre, se mostraba ayer satisfecho de los "rigurosos" resultados obtenidos por los investigadores. Una información que, tal y como puntualizó, servirá para "profundizar en el conocimiento de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia".