vitoria. El Gobierno Vasco aprobó ayer el decreto de Normalización Lingüística en la Administración de Justicia de Euskadi, por el que el euskera se valorará como mérito con carácter general y sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos singularizados. Tal y como adelantó este diario, este texto sustituirá al decreto 152/2008, de 29 de julio, que fue parcialmente anulado por los tribunales y responde, según la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, a la necesidad de adaptar la Administración de Justicia en Euskadi al régimen de organización y funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal. El Gobierno Vasco parte de los objetivos perseguidos en la anterior normativa, adecuando los cauces para una consecución "estable y enraizada de los mismos".

El nuevo diseño de la Administración de Justicia y de los puestos y tareas del personal a su servicio posibilitará llevar a la práctica la cooficialidad, "sin perder de vista que éste ha de ser un proceso proporcionado y progresivo". El decreto persigue potenciar el uso del euskera como lengua de comuniación en el ámbito judicial. Para ello, establece que en un plazo de 10 años existan en la Administración de Justicia alrededor de un 35% de puestos singularizados por el idioma, si bien tal porcentaje se distribuirá de forma proporcional a la efectiva implantación del euskera en los distintos partidos judiciales.

Establece planes quinquenales de euskaldunización, de manera que, con la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo (2010) puedan hacerse efectivos una tercera parte de esos porcentajes y el resto conseguirlo en los dos quinquenios siguientes (2015 y 2020).

Asimismo, Mendia ha precisado que la determinación de los puestos singularizados exige definir áreas territoriales prioritarias y funciones procesales o actuaciones judicales que se consideren preferentes en el manejo del idioma. La regla de partida será que el euskera se valorará como mérito con carácter general y particularmente en los puestos genéricos, y sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso y desempeño en los puestos singularizados. La normalización lingüística pasa igualmente por conseguir equipos de trabajo bilingües en la ordenación procesal. Es decir, con capacidad de traducir la tramitación procesal al euskera, "sin merma de la fidelidad y plena eficacia de la resolución judicial dictada". Para ello, se adoptará un sistema dentro de los eventuales servicios comunes que posibilitará la confección bilingüe del documento.