"De alguna manera, el caso De Miguel ha provocado el descrédito de la clase política de cara a la sociedad"

Sí, igual es porque hay ocupaciones y actividad. Son tres años, pero casi parece que mi designación fuera de anteayer. Y queda un año de periodo de sesiones y menos de ese tiempo para las elecciones.

Su elección fue fruto de la negociación y el diálogo. ¿Considera que ha logrado imprimir este espíritu a la Cámara alavesa?

Al menos lo he intentado. El presidente de un Parlamento foral tiene que abstraerse un poco de su pertenencia a un grupo político y tratar de mantener la independencia que te permita una cierta autoridad frente a los diversos grupos cuando hay que hacer esas llamadas al orden. Ése ha sido mi intento, no sé si lo he logrado.

¿Qué balance hace de esta nueva experiencia?

Ha sido bastante positivo, aunque las valoraciones las tienen que hacer terceros. Estoy satisfecho en cuanto a lo que se ha conseguido ante los diversos problemas que ha habido en este periodo con la ilegalización de ANV, los debates presupuestarios y, últimamente, el conflicto como consecuencia de la imputación de un diputado foral (Alfredo de Miguel). Se están llevando las cosas con cierta naturalidad.

¿Cuál ha sido la determinación más difícil de su mandato hasta ahora?

Complicada jurídicamente posiblemente tramitar la ilegalización de ANV por los diferentes pasos que hubo que ir dando, la advertencia primera de suspensión y después de ilegalidad de un grupo político. Hubo que pedir aclaraciones porque primero tuvimos problemas para la propia notificación de las resoluciones de la Audiencia Nacional, más tarde hubo que consultar cuál era el ámbito de esa primera suspensión y acertamos e incluso algún ayuntamiento alavés y guipuzcoano vino a consultarnos cómo se habían realizado esas primeras acciones para trasladarlo a la problemática que ellos tenían. La labor que hicieron los letrados de las Juntas fue muy importante demostrando un alto nivel jurídico y, por parte de la responsabilidad política, hubo un afán de cumplir la sentencia de los tribunales como es obligado.

¿Es también entonces de lo que más orgulloso se siente?

Al hablar de aciertos sería mejor referirse al ambiente general y la convivencia de los procuradores con los diferentes órganos de las Juntas. Ha habido un buen clima de trabajo y espero que siga así.

De alguna forma, ha sido el profesor de una Cámara con ciertas polémicas. ¿Qué nota pone a sus alumnos?

Hablando en términos académicos, notable alto. Ésa ha sido la calificación para la mayoría de los procuradores.

¿Se atreve a decir quién necesita mejorar más y quién se lleva la matrícula de honor?

(Risas) Sería un poco difícil individualizar las notas...

Es un hombre sereno. ¿Se necesitan arrobas de paciencia para lidiar con los procuradores?

Hay que tener un poco de tranquilidad para no saltar ante cualquier impertinencia o salida de tono, que sin dudas las hay, y valorar cuándo procede ese tipo de advertencias más duras. En estos tres años sólo he tenido que cortar la palabra en una ocasión. Igual he tenido demasiada manga ancha en algunas ocasiones y tenía que haber sido más duro, pero el balance general es satisfactorio.

Algunas voces hablan del sin sentido de la existencia de las Juntas Generales y la Diputación. ¿Qué opina?

Tenemos un entramado institucional bastante complejo y puede ser difícil entenderlo desde fuera pero, desde luego, las instituciones forales son imprescindibles, las que tienen el depósito de la foralidad, un reconocimiento constitucional del que no podemos ni debemos prescindir. Igual la estructura que se ha ido creando con los años por encima de las instituciones forales es lo habría que adelgazar. Tenemos un estatuto que marca la existencia de unos órganos dentro de la comunidad autónoma y hay que tenerlos en cuenta. Pero los entes forales tienen una dimensión adecuada para las competencias que se les reconocen y que hay que mantener y fomentar.

¿Se ve repitiendo como presidente de la Cámara en los siguientes comicios?

Es difícil porque no es previsible que nadie tenga una mayoría absoluta en las próximas elecciones y el puesto de presidente de las Juntas Generales, como segunda posición, va a ser objeto de negociación y será para el segundo grupo apoye al cargo de diputado general. En la confianza de que éste sea Javier de Andrés, no veo que la presidencia pueda ser para nosotros.

Entonces, ¿dónde se ve el año que viene, de nuevo como diputado de Hacienda?

Tampoco. Tiene que haber una renovación de banquillo y hay personas muy capacitadas para cubrir ese puesto.

El pacto entre PP y PSOE en el Gobierno Vasco y la moción de censura que nunca llegó en la Diputación, ¿será suficiente para asegurar la dirección del Ejecutivo foral a los populares

Hombre, habrá que esperar a los resultados electorales. Pero, tal como va la tendencia del voto a nivel de España y autonómico, confío en que el PP sea el más votado en Álava y, por tanto, le debería corresponder el puesto de diputado general.

En ocasiones, da la sensación de que los temas llegan a la Cámara ya caducos. ¿Habría que dar una vuelta al sistema para favorecer una democracia más inmediata?

A veces sí que hemos comentado la posibilidad de reducir plazos. Los reglamentos de las Juntas y de cualquier cámara parlamentaria, al fin y al cabo, marcan unos periodos de tramitación y enmiendas que llevan a que ese calendario se desarrolle de una determinada manera con sus ventajas e inconvenientes. Estamos celebrando plenos todas las semanas, cosa que no es frecuente en Gipuzkoa y Bizkaia. Es cierto que, a veces, nos llegan debates gastados que son copia de otros que se han producido en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Vasco. Esto sí que es lo que habría que evitar porque estamos multiplicando iniciativas que, al final, terminan en meras declaraciones de intenciones, pero que tienen poco que ver con la gestión en el territorio alavés o con la labor de control del equipo de gobierno.

Este mandato no ha estado exento de polémica. ¿El caso De Miguel ha provocado el descrédito de la clase política de cara a la sociedad?

De alguna manera sí porque, por parte del gobierno foral, la negativa a proporcionar la información que se había solicitado basándonos en la normativa actualmente existente ha contribuido a que la opinión pública haya visto que se intentaba generalizar la situación de un caso concreto al resto de los representantes políticos. Y, en lugar de facilitar la documentación que se había solicitado de una persona imputada en un procedimiento judicial y acceder al medio que se había instrumentado desde la presidencia para hacerlo, se ha pretendido modificar la norma foral para extender esta obligación a todos los altos cargos. Esto parece que sí contribuye a extender la sospecha al resto de representantes políticos y está siendo muy perjudicial. De hecho, han pasado ya 86 días desde que el PP pidiera la información sobre la declaración de bienes y actividades de Alfredo de Miguel y todavía no se ha dado.

El diputado general se ha mostrado más que interesado en que los alaveses puedan tener acceso a los datos de los diputados y altos cargos que hayan pasado por la Diputación durante los últimos diez años. ¿Es un error?

Es un error político porque tiende a una generalización del problema ante una petición concreta que está prevista en la norma vigente. Aparte de este problema, la retroactividad no tiene ninguna base jurídica porque los que accedieron en legislaturas anteriores a un determinado cargo lo hicieron en unas condiciones específicas.