vitoria. Finalmente no habrá dimisiones, pero la guerra abierta entre el Departamento vasco de Educación y los directores de la escuela pública parece lejos de solventarse. Los portavoces de este colectivo acusaron ayer al equipo de Isabel Celaá de "no cumplir su palabra" permitiendo que el próximo curso se produzca una importante reducción de plazas de profesorado en los centros de la CAV, dentro de las medidas de contención del gasto planteadas por el Gobierno Vasco para paliar la crisis. Pese a que la segunda propuesta de plantillas elaborada por Educación contempla un recorte "suavizado", motivo por el que la amenaza de dimisión de 70 equipos directivos se ha detenido, Lakua sigue "sin garantizar" el mismo número de profesionales que en el curso que acaba de concluir. Una situación que "se agravará" en algunos centros debido a que en el próximo ejercicio contarán con más grupos.
La decisión de "apostar por el diálogo" en lugar de tomar una decisión tan drástica llega diez días después de conocer esta propuesta retocada del Gobierno Vasco. Josetxo Arrieta, portavoz de los directores, volvió a censurar ayer el proceder del Educación en el conflicto, que también ha levantado un enorme revuelo en la enseñanza concertada. "No hemos tenido ni arte ni parte en este asunto, hemos tenido que decir a todo amén, y ésa no es forma de organizar la escuela pública", advirtió en declaraciones a este periódico. Aunque el colectivo confiesa no conocer todos los datos, dan por hecho que la red pública de Gipuzkoa, por ejemplo, contará el curso que viene con 50 profesores menos, lo que la coloca como la más perjudicada.
El malestar creado en los centros y la preocupación hecha pública por los directores "han influido en los cambios" introducidos en última instancia por Educación, aunque esta pequeña rebelión también ha tenido su cara negativa. Porque a juicio del colectivo, "han intentado manchar el buen nombre de los equipos directivos que mostraron su preocupación". Según aseguró Arrieta, el "compromiso" de los directores será "trabajar de la mejor forma posible con los recursos disponibles en favor de la escuela pública". Y todo ello pese a que estos nuevos criterios "imposibilitan organizar la escuela del modo más idóneo".
