GASTEIZ. El Ararteko, Íñigo Lamarca, ha advertido hoy del riesgo de "colapso" de los servicios sociales de base si no se les dota de los medios y la financiación necesaria.

Lamarca ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, un informe extraordinario sobre la situación de los servicios sociales municipales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Ha explicado que en diez años se ha producido un incremento de la demanda del 70 por ciento y que en el mismo periodo el incremento del personal ha sido del 45 por ciento, lo que hace que los profesionales estén "al límite" de sus posibilidades.

El Ararteko ha recordado que los servicios sociales de base son la puerta de entrada al conjunto de los servicios sociales de la Comunidad y, en concreto, a la percepción de prestaciones como, fundamentalmente, la Renta de Garantía de Ingresos.

Ha apuntado que en uno o dos años previsiblemente se va a producir un aumento de trabajo de estos servicios por las personas que hayan dejado de percibir las prestaciones por desempleo y tengan que acceder a estas rentas.

Lamarca ha dicho que con este análisis no pretende generar "alarma", porque ese riesgo de "colapso" no llevaría al bloqueo o paralización de los servicios, sino a un descenso de su calidad.

Se ha mostrado convencido de que los "ajustes" que se deben hacer en el modelo no sólo garantizarían su futuro sino que pueden mejorarlo.

Una de las cuestiones sobre las que se debe reflexionar, a juicio del Ararteko, es la financiación de los servicios prestados, ya que recae fundamentalmente, en un 73 por ciento, en los ayuntamientos, el 15 por ciento en el Gobierno vasco y el 11,5 por ciento en la Diputación de Araba, que es la única que mantiene su aportación en esta materia.

No se ha querido pronunciar sobre las propuestas de aumentar los impuestos para sufragar estos servicios ni si debe ser el futuro servicio vasco de empleo Lanbide el que los gestione, vinculándolos con la formación y la búsqueda de empleo, por ser cuestiones del debate político.

En el informe se sostiene que los servicios sociales de base, que suponen el 3 por ciento del gasto total de las prestaciones sociales en el conjunto de la Comunidad Autónoma, son un "recurso que funciona" en líneas generales en las 262 unidades existentes en el País Vasco.

Propone una serie de medias para garantizar su mantenimiento y que no sean desbordados por la actual situación, como el establecimiento de una financiación de naturaleza finalista suficiente y estable para los ayuntamientos, destinada a la cobertura de los medias personales y materiales de los servicios sociales de base.

También pide una definición de indicadores adecuados de profesionales, en los que se incluyan los dedicados al trabajo social, como al personal de administración y de educación social.

Plantea intensificar las relaciones de coordinación entre los servicios y entre éstos y la red de atención secundaria, y la utilización de instrumentos comunes de valoración y diagnóstico, así como el uso de un modelo de ficha social y de plan de atención personalizada homogéneos.