Luxemburgo. España logró ayer un acuerdo en el Consejo de Sanidad de la Unión Europea para sacar adelante su propuesta sobre movilidad de pacientes dentro de la UE, con la que pretende evitar que el "turismo sanitario" tenga un excesivo coste adicional para el sistema nacional de salud.
Éste acuerdo político supone un paso decisivo hacia la creación de un marco legislativo comunitario sobre los derechos de los pacientes para recibir asistencia médica en otros Estados miembros. El borrador elaborado por la Presidencia española, se sitúa a medio camino entre los intereses de este país y la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE).
La propuesta concilia las competencias nacionales para la organización de los servicios sanitarios con los derechos de movilidad de los pacientes dentro de la UE y garantiza la calidad de los tratamientos recibidos en otros países, así como la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud, destacó Jiménez.
La principal novedad son las condiciones para evitar que el "turismo sanitario" conlleve un excesivo coste adicional para algunos países y proteger la calidad y seguridad de la atención médica recibida en otros Estados.
Como regla general, se establece que el país de residencia del paciente será el que deba sufragar su tratamiento. Para equilibrar el coste que esto conlleva para los Estados miembros donde reside un número importante de pensionistas europeos, como es el caso de España, los países de origen de dichos ciudadanos pagan una compensación.
La anterior propuesta sobre movilidad de pacientes hubiera supuesto un coste adicional para el sistema sanitario español de unos 2.000 millones de euros anuales, debido al gran número de pensionistas europeos residentes en España, según estimaciones de Sanidad.
No obstante, según la nueva propuesta, si un paciente decide volver a su país natal -o a aquél en el que esté afiliado a la Seguridad Social- para tratarse, sería éste último el que se haga cargo de su coste, pese a que el ciudadano tenga su domicilio establecido en otro Estado miembro. Dicha autorización será imprescindible para tratamientos de enfermedades raras, que requieran el ingreso del paciente durante al menos una noche en un hospital o el empleo de material médico "de alta tecnología". El fin, destacó Jiménez, es restringir los desplazamientos a otros países a casos que "sean por indicación médica o con proveedores claramente acreditados por el sistema nacional".
Los principales supuestos en los que no se requerirá ninguna condición previa son las consultas médicas, así como los tratamientos de urgencia de ciudadanos comunitarios al viajar a otros Estados europeos, cuyo reembolso siempre podrá ser reclamado por los pacientes en sus países originarios.
Tras el acuerdo alcanzado, los Veintisiete tratarán más adelante de negociar un texto común con el Parlamento Europeo (PE).
