vitoria. Falta poco más de un mes para que la nueva Ley del Aborto entre en vigor, y el PP formalizó ayer en el Tribunal Constitucional (TC), un recurso contra esta norma. El objetivo de los populares es que se suspendan cautelarmente los ocho artículos impugnados de esta normativa, con los que no están de acuerdo, entre los que figura la liberalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Fue el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, el encargado de personarse ante el Alto Tribunal para presentar el recurso, y lo hizo acompañado por el diputado popular, Santiago Cervera, y por la portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo.

"El aborto libre en las primeras 14 semanas, hasta tres meses y medio de gestación, nos parece contrario al derecho a la vida, tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional desde sus comienzos, en el año 1985", subrayó Trillo a las puertas del TC. "El recurso se concreta en ocho motivos, en ocho preceptos", explicó, "que son los fundamentales de una ley que pretende por encima de todo que el aborto, lejos de ser una excepción y una práctica mala para la mujer, y por supuesto, para la criatura, se convierta en un derecho indiscriminado". De este modo, el popular resaltó que el recurso hace especial hincapié "en aquellos preceptos que permiten a las menores de 18 años y mayores de 16 abortar sin el consentimiento y conocimiento de sus padres". Otro aspecto que contempla este recurso es el relativo al derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Federico Trillo dejó claro que si el PP llega al Gobierno español, derogará la Ley del Aborto y destacó que es un tema que llevarían a su programa electoral. Trillo aclaró ayer que impugnan ocho preceptos de esta ley, y no la norma entera. Así, explicó que no han podido solicitar su suspensión total porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificada por el PSOE, hizo desaparecer el recurso previo de inconstitucionalidad que preveía la paralización automática de leyes que contemplan derechos fundamentales o estatutos de autonomía.

El PP pide que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación piden sea "preferente". Justifican la suspensión porque la aplicación de las normas recurridas generaría "perjuicios irreparables, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable".