vitoria. Las instituciones de Castilla y León abrieron una senda por la que Álava habrá de caminar si quiere obtener algún tipo de compensación que minimice el golpe provocado por el cierre de Santa María de Garoña. La anhelada desaparición de la central nuclear, reclamada en numerosas ocasiones por la Administración alavesa y los ciudadanos del territorio, conllevará un revés económico que podría ir a mayores si no se diseña un muro de contención adecuado. Por de pronto, en la comunidad autónoma vecina han consensuado con Madrid un programa de 300 millones de euros anuales en inversiones que, entre 2010 y 2012, servirán fundamentalmente para relanzar las economías de Miranda de Ebro y Medina de Pomar. 900 millones de euros que estarán acompañados de otros 2.000 millones en infraestructuras.
El plan de dinamización suscrito a finales de 2009 por la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, los representantes del Gobierno central, los sindicatos, empresarios y responsables municipales, contempla actuaciones en materia de carreteras, empleo, industria, infraestructuras en medio ambiente, desarrollo rural y turístico. Tanto la Junta de Castilla y León, competente en muchos de estos ámbitos, como la Administración General del Estado, han acordado cofinanciar los citados 300 millones anuales durante tres ejercicios al 50%. La Diputación de Burgos y los municipios involucrados en el programa se encargarán de "aportar recursos" y de "agilizar la tramitación" de aquellas medidas que así lo requieran.
En total, el plan de dinamización económica dispuesto para la zona está compuesto por 29 actuaciones distribuidas en cinco ejes distintos: Regeneración y desarrollo del tejido industrial, potenciación de infraestructuras, fortalecimiento del capital humano, desarrollo sostenible y potenciación medioambiental, y fomento de las actividades vinculadas a la investigación y la innovación. Además de los 900 millones en intervenciones, el programa ejecutará infraestructuras territoriales que ya estaban previstas por Madrid y cuyo montante asciende a otros 2.000 millones.