Vitoria. El Gobierno Vasco ensayará en los ayuntamientos que cuentan con oficinas de Lanbide su nueva política de empleo y servicios sociales, dos áreas que a partir de ahora vendrán ineludiblemente ligadas. Mientras llega la transferencia de las políticas activas de empleo, paralizada en Madrid, el programa Renta Activa liberará a los ayuntamientos que así lo deseen de los trámites burocráticos que implica la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, la antigua Renta Básica, y del Complemento de Vivienda, dos modalidades de ayudas que permitirán ingresar alrededor de 900 euros mensuales a los vascos más necesitados.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, anunció ayer en el Parlamento Vasco la implantación de este programa piloto, que exigirá además el visto bueno de las nueve oficinas de Lanbide en Euskadi, ubicadas en Amurrio, Oion, Agurain, Basauri, Erandio, Portugalete, Elgoibar, Irun y Lasarte-Oria. Los ayuntamientos que acepten ceder su actual competencia se dedicarán de forma exclusiva a gestionar los servicios sociales básicos no ligados al empleo.
El programa Renta Activa constituirá un primer paso previo a la implantación de las nuevas políticas de empleo del Departamento que dirige Zabaleta, y que se consolidarán mediante el nuevo Plan de Inclusión Activa 2010-2015 y mediante el decreto de Convenios de Inclusión Activa, que obligará a los perceptores de ayudas sociales a comprometerse, por contrato, a buscar un empleo o acogerse a programas de formación. Zabaleta aseguró que "la exigencia del Gobierno en esta materia será alta, puesto que alto es el nivel de protección del sistema".
Sin embargo, puntualizó que "sólo se retirará la prestación a quien no haga nada por encontrar un empleo", pues, dado el difícil contexto actual, la implicación del desempleado no es suficiente para conseguir un puesto de trabajo.
