BILBAO. Sindicatos vascos y distintas plataformas y colectivos sociales han denunciado hoy en Bilbao los recortes en las políticas sociales del Gobierno vasco que introduce el borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos y del Decreto de la Prestación Complementaria de Vivienda.

Representantes de estos organismos han criticado, en un comunicado difundido hoy, que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales pretende limitar a dos el número máximo de prestaciones sociales que podrán recibir los moradores de un mismo domicilio lo que, a su juicio, "va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso con otras para hacer frente al abusivo precio de los alquileres".

Han considerado un retroceso también la medida que establece que "las personas con un trabajo precario sólo puedan complementar sus bajos salarios con la ayuda social durante 2 años, aunque concluido este periodo sigan trabajando con contratos precarios y sueldos míseros".

Han censurado también la pretensión establecida en dichos decretos de que "los trabajadores por cuenta propia que sufran una fuerte bajada de ingresos no podrán pedir ninguna prestación hasta que no tengan la nueva declaración de la renta, por lo cuál en algunos casos tendrán que esperar cerca de un año para poder acceder a alguna cobertura social".

Han lamentado el hecho de que "se computan como bienes muebles a efectos de patrimonio (con la consiguiente imposibilidad de acceder a las ayudas sociales) aquellos de los que las familias no pueden disponer, de propiedad compartida o de difícil realización. Por ejemplo, haber heredado parte de una vivienda a pesar de que no se pueda disponer de la misma porque esté en usufructo".

Los sindicatos y plataforma sociales han reclamado, por el contrario, la adopción de "una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos". EFE