Vitoria. A tiempo para tratar de darle la vuelta legal a la situación, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava presentó ayer recurso contra la sentencia que castigaba con una mera multa económica a uno de los dos acusados de intentar sobornar a un concejal de Laguardia para posibilitar la ejecución del proyecto del campo de golf de Laguardia. El fiscal jefe, Josu Izaguirre, presentó ayer, un día antes de que expirara el plazo que le otorgaba la Ley, la apelación. La medida, de ser aceptada, significará la repetición del juicio por tratarse de un proceso con jurado popular.
La Audiencia Provincial condenó a Gregorio Ochoa, uno de los dos imputados, al pago de 180.000 euros de multa por un delito de cohecho y decidió dejar en libertad sin cargos a Mario Balza. Según el juez, no había pruebas que demostraran que él encargara el intento de soborno al edil de Eusko Alkartasuna en la localidad, Goyo López.
El fallo de los magistrados cayó como una bomba sobre la Fiscalía, que reclamaba para cada uno de los imputados una pena de cuatro años de prisión, al margen de las correspondientes sanciones económicas, aunque también fue mal aceptada por los representantes alaveses de EA, que ofrecieron una rueda de prensa conjunta para reclamar que, si se repite el juicio, "se llegué hasta el final de lo sucedido". Una resolución que fue tildada de "floja" por ambas partes.
En su escrito, Izaguirre subrayó que antes de que el juez dictara sentencia, el jurado popular encontró culpables a los dos acusados. Además, a su entender, el magistrado firmante del fallo, Jaime Tapia, cometió dos equivocaciones. La primera, al señalar que no existía prueba de cargo contra Mario Balza y la segunda al contradecir la decisión del jurado. Una resolución unánime a la que se llegó en tan solo media hora.
