vitoria. El cántaro de la paciencia municipal ha acudido tantas veces a la fuente de los bartolos que ha acabado por quebrarse. Después de que las tres familias titulares de los pisos precintados por el juez dejasen de pagar la hipoteca, la confianza se ha roto y el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, se ha plantado. Si no acceden a trasladarse a Agirrelanda junto con las familias rumanas, el Ayuntamiento no va a proporcionarles ni un piso protegido, ni en alquiler. Ya no caben más posibilidades.

Relación de causa y efecto. "700 euros cobraba de ayuda y los 700 los usaba para pagar la hipoteca", clamaba ayer María, portavoz del clan gitano. "Ni los tocaba", aseguraba. Cuando a lo largo del año pasado el Ayuntamiento cerró el grifo social que abastecía a los inquilinos del número 68 de la avenida de Los Huetos, la consecuencia fue evidente. Ya no pagaron más plazos de la hipoteca. Caja Vital reclamó los impagos ante los tribunales y el siguiente paso lógico fue el desahucio. El Consistorio, que hasta entonces había actuado como avalista, se desentendió del asunto que ayer se elevó a la categoría de circo mediático.

Uno de los hijos de Bartolo y María, los responsables del clan, explicaba ayer que aunque ahora les tocará apretarse y vivir todos juntos en las tres viviendas que sí son propiedad de la familia, el panorama podría cambiar. O esa al menos era su idea. Planteaba que estas tres viviendas, "reformadas y en buen estado" podrían ser puestas a disposición del Ayuntamiento para su adquisición. De esta manera, el Consistorio se convertiría en el titular de todo el edificio y podría optar entre rehabilitar integralmente el inmueble o bien demolerlo y aprovechar el solar para otros menesteres.

Una hipótesis interesante de no ser porque los portavoces municipales dejaron ayer muy claro que "no existe intención alguna de comprar esas viviendas". El único paso que está dispuesto a asumir el gabinete Lazcoz se enmarca dentro del trabajo que el área de Intervención Social lleva a cabo con los bartolos. Una labor que se mantiene actualmente con el objetivo de convertir a algunas de las familias del clan en ciudadanos integrables en sociedad. Tampoco se sabe qué ocurrirá si los miembros del clan deciden acampar en el solar que rodea al edificio. Un terreno de titularidad municipal del cual podrían ser expulsados si el Ayuntamiento así lo determina.

los vecinos, hartos Los miembros de la asociación de vecinos de Sansomendi, Ataria, tenían claro que lo que sucedió ayer no pondría fin al culebrón de los bartolos. "Era lo esperado", aseguraba Julio, vocal de la agrupación vecinal. Reconoce que no había "esperanzas" de que el exhorto judicial significase la salida definitiva del clan de la zona, sino "ganas". "Salvo que les regalen algo, está claro que no se van a ir de ahí. Y como el Ayuntamiento no les va a regalar nada, pues seguiremos como siempre", se lamenta.

Como solución, Julio interpreta que el Ayuntamiento podría ofrecerles en alquiler uno de los pisos vacíos que la institución posee en la calle Antonio Machado. Una posibilidad que levantaría ampollas en otro sentido ya que, al parecer, Bartolomé Jiménez, el otro patriarca gitano de Vitoria, no lo vería con buenos ojos. Los portavoces de Ataria, no obstante, ya han comunicado al Ayuntamiento la necesidad de que los bartolos abandonen su actual lugar de residencia "en primer lugar, por razones de seguridad y, además, porque su mala fama nos afecta a todos".