madrid. El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde por 180 votos a favor a la reforma de la Ley de Extranjería, con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria y la oposición de PNV, UPyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai, mientras que el BNG ha optado por la abstención (163 votos en contra y tres abstenciones). Finalmente el PNV no apoyó el texto porque no incorpora su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas.

La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.

Para el ministro de Trabajo e Inmigración, que compareció en el Hemiciclo para agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios, "el tiempo determinará que esta ha sido una buena corrección y es una buena ley" porque ha modificado "elementos que discriminaban" a los extranjeros y ha incorporado la perspectiva de la integración.

Sin embargo, para el portavoz del PP en la materia, Antonio Hernando, el reconocimiento de competencias como gestionar los permisos iniciales de trabajo o negociar acuerdos bilaterales de colaboración con los países de origen de la inmigración "no tiene encaje constitucional", aumentará "la inseguridad jurídica" y supondrá "el colapso de los tribunales superiores de justicia".

"actitud combativa" del pnv Por su parte, EAJ-PNV, que pasó de presentar una enmienda a la totalidad del proyecto a respaldar el texto que fue remitido al Senado, votó finalmente en contra porque no prosperó su propuesta de repartir ponderadamente los menores inmigrantes entre las comunidades autónomas.

El portavoz, Emilio Olabarria, anunció que mantendrá "una actitud combativa" contra la ley porque a su juicio es una reforma "de derechas, manifiestamente mejorable, insuficiente y que puede contradecir derechos recogidos en la Constitución".

Desde IU-ICV-ERC el voto negativo se justificó por desacuerdo con la ampliación a 60 días del plazo de internamiento de extranjeros, la restricción "innecesaria" de la reagrupación familiar y la falta de incorporación en la ley de referencias al derecho a voto de todos los inmigrantes o a la nacionalización en menos de cinco años para los no latinoamericanos, conforme explicaron los portavoces Joan Herrera (ICV) y Joan Tardá (ERC) en sus intervenciones. Respecto a los grupos favorables al texto, desde CiU, Carles Campuzano dijo no haber "encontrado ni visto una alternativa global a la actual política de inmigración" entre quienes se opusieron a la ley porque, en su opinión, se centraron en "aspectos puntuales que no son las cuestiones fundamentales".

Para la formación, la reforma es positiva porque, entre otros asuntos, "garantiza pleno respeto al Estatut de Cataluña" y amplía la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos sobre los flujos migratorios. Coalición Canaria, que votó a favor de la ley y que respaldaba la enmienda del PNV finalmente rechazada, fundamentó su apoyo en el reconocimiento de dos de sus reivindicaciones clásicas: la ampliación del plazo de internamiento y las competencias y nuevas fórmulas en la gestión de los menores inmigrantes.