García Ortiz dimite como fiscal general tras ser condenado por el Supremo: “He servido fielmente a la institución”

El fiscal general del Estado,Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno de Pedro Sánchez. En una carta enviada al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pide ser cesado como un “acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”. En su escrito García Ortiz señala que tiene “el convencimiento” de “haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”.

La renuncia del fiscal general del Estado llega días después de ser condenado a dos años de inhabilitación para el cargo. El Tribunal Supremo le impuso dicha pena por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad"

"Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", sostiene García Ortiz en la falla. Entiende que "esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado inhabilitarle, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".

García Ortiz agradece al Gobierno español "la confianza depositada" que, señala, es la misma que ahora devuelve con su renuncia.

Tras su renuncia, y hasta que se designe un nuevo fiscal general del Estado, la institución queda en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, persona de máxima confianza de García Ortiz que fue, precisamente, quien ejerció de fiscal en el juicio, reivindicando su inocencia.  

Dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa

Además de su condena a dos años de inhabilitación, García Ortiz deberá abonar una multa de 7.200 euros e indemnizar con otros 10.000 euros más a González Amador por daños morales.  Estas cifras quedan lejos de las que pedían las acusaciones populares: 108.000 euros de multa, 300.000 de indemnización, 12 años de inhabilitación y hasta seis años de cárcel.

El Tribunal Supremo emitió su fallo la semana pasada, días después de que concluyera in histórico juicio en el que por primera vez un fiscal general del Estado se sentaba en el banquillo de los acusados. El fallo no fue unánime: dos de los siete magistrados, las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, votaron de forma discrepante. 

¿Cómo se nombra al fiscal general del Estado?

La semana pasada el Gobierno español ya anunció la puesta en marcha del relevo de García Ortiz como fiscal general del Estado. El artículo 124.2 de la Constitución establece que el cargo será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El nombramiento del fiscal general está a su vez regulado en la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que en su artículo 29 establece además que el fiscal general del Estado será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.