Acusación y defensa confrontarán sus tesis este jueves, en la última jornada del juicio al fiscal general

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, celebrará este jueves su última jornada, de la que se espera que defensa y acusaciones confronten sus tesis sobre la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- para que ya sean los siete magistrados que forman el tribunal quienes decidan en una sentencia que, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, se espera hacia final de año.

La sexta jornada, de un juicio que se ha desarrollado a lo largo de dos semanas, estará dedicada a los informes de la defensa, la Fiscalía y las acusaciones, la particular que ejerce González Amador y las populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír, aunque estas tres últimas actúan unificadas bajo la dirección de dicha fundación.

La defensa ha corrido a cargo de dos abogados del Estado, la que fuera jefa de la institución Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, que se han ido alternando en sus intervenciones, si bien el informe corresponderá a éste, que ha estado al frente del caso desde el primer momento.

De la misma forma, por parte de la Fiscalía, que en esta causa se ha desmarcado de las tesis acusatorias, informará la fiscal del caso, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, que también se ha visto reforzada para el juicio con el jefe de la Fiscalía extremeña, Javier Montero.

Y, como es habitual en el proceso penal, el broche de oro está reservado para la última palabra del acusado, si bien en este caso no es previsible que el fiscal general haga uso de ella por cuanto el miércoles, al margen del núcleo de su declaración como acusado, incorporó sendos alegatos, al inicio y al final de la misma, que sirvieron de colofón a su intervención.

En su arranque, quiso aclarar que no contestaría a las acusaciones, y particularmente a la acusación particular que ejerce el novio de Díaz Ayuso, porque considera que ha tenido una actitud "desleal" por cuanto cree que en su querella omitió hechos importantes y eso condujo a que las pesquisas se entrarán únicamente en la Fiscalía, en lo que García Ortiz percibe como un relato tergiversado.

Y, al término, compartió con la sala una frase que, según expuso, le había llegado recientemente de una persona ajena a la causa --concretamente un dentista--, al entender que resume su situación actual: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende".

De estos informes, se espera que las partes recojan en una narración ordenada sus conclusiones de lo visto y escuchado a lo largo de cinco jornadas en las que han comparecido más de 40 testigos, al margen del fiscal general y el propio González Amador, así como las consecuencias jurídicas que estiman que deberían derivarse de todo ello. 

NI HUBO FILTRACIÓN NI HABÍA SECRETO

La defensa ha negado cualquier filtración por parte de García Ortiz, al tiempo que ha cuestionado que realmente hubiera secreto que proteger porque --alega-- la información esencial de la presunta revelación ya estaba recogida en los medios de comunicación antes de que llegara a la cuenta personal del fiscal general la cadena completa de 'emails' entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.

Además, ha aducido que si esa información llegó a manos de la prensa el día clave, el 13 de marzo de 2024, fue --entre otras cosas-- porque se había transmitido desde el entorno de González Amador, apuntando concretamente al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

También ha atacado los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 30 de octubre de 2024 en los despachos de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y los frutos de los mismos, entre ellos un informe fundamental para la causa por ser el que muestra las comunicaciones en los días y horas sensibles --del 8 al 14 de marzo-- a través de los mensajes de WhatsApp recuperados del móvil de la fiscal.

La defensa sostiene que son nulos de pleno derecho porque no se respetó el marco temporal fijado por el instructor, Ángel Hurtado, de ese 8 de marzo al mismo día del registro, primero, y hasta el 14 de marzo, después, en una segunda delimitación. Los agentes de la UCO que se ocuparon de dichos registros han admitido que, efectivamente, copiaron toda la información de los dispositivos que encontraron, sin límite, pero han justificado que no había otra posibilidad técnica.   

EL BORRADO, LA CRONOLOGÍA Y EL PERJUICIO

Por contra, las acusaciones han llamado la atención sobre un conjunto indiciario que consideran suficiente para reclamar una condena al fiscal general que iría de 3 a 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, más un desembolso superior a 400.000 euros entre multa e indemnización.

Uno de los principales indicios contra García Ortiz es la "coincidencia temporal", conforme han ratificado los uniformados ante el tribunal, por cuanto el fiscal general recibió el 'email' clave a las 21:59 del 13 de marzo y las primeras informaciones, plasmando su sentido, surgieron poco después, a las 22:10.

No obstante, los informadores en el punto de mira han testificado que en realidad ya tenían esa información antes y algunos incluso han negado directamente que su fuente fuera el jefe del Ministerio Público.

Otro de los indicios que pesan contra García Ortiz es el borrado que hizo, el mismo día que le encausó el Supremo, del contenido de su teléfono móvil; el hecho de que lo cambiara una semana después; y que terminara eliminando su cuenta personal de Gmail.

Sobre esto, el acusado también ha tenido ocasión de pronunciarse, asegurando que hace un "borrado sistemático", de modo que no conserva más de un mes sus 'whatsapp', y que cambia de teléfono al menos una vez al año y esta vez coincidió que fue en estas fechas porque lo tenía pendiente desde ese mes de mayo y lo fue "dejando". La cuenta personal, ha justificado, la eliminó meses después, en diciembre, tras recibir mensajes "amenazantes".

Contra él pesa igualmente el hecho de que la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, testificara que desde el primer momento advirtió de que podría haber filtraciones del 'caso González Amador', hasta el punto de que preguntó a García Ortiz: "Álvaro, ¿has filtrado los correos?". Según él, no escuchó esa frase, a lo que ha anudado la "acritud" de la fiscal hacia la cúpula del Ministerio Público.

Se espera asimismo que la acusación particular ponga de relieve el enorme perjuicio que, según ilustró González Amador ante el tribunal, le ha causado esta supuesta revelación. "Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente", dijo, para remachar: "O me voy de España o me suicido", algo que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le desaconsejó.