El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la proposición de ley registrada por el PP para modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal con el fin de que el fiscal general del Estado deje de elegir al responsable de la proteger los datos personales que maneja la institución.
La iniciativa, presentada en abril y que se somete ahora a su primera votación, pretende restituir el sistema de elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal --vigente antes de la reforma impulsada por el Gobierno en la Ley de Eficiencia de la Justicia--, en lugar de la designación directa que actualmente recae en el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El PP defiende que su propuesta "recupera la neutralidad e independencia" del cargo encargado de supervisar el cumplimiento de las normas de protección de datos en la Fiscalía, y alega que el modelo actual "supone un riesgo evidente" al permitir que quien debe ser controlado sea también quien nombra al responsable del control.
La exposición de motivos, recogida por Europa Press, sostiene que la actual redacción del artículo 12.n del Estatuto "se aleja de los criterios de independencia y transparencia exigidos por la normativa europea" y que "no puede ser nombrada por quien debe ser controlado sin riesgo de poner en peligro la independencia de quien va a desempeñar la función".
LA CLAVE DEL BORRADO DE DATOS DEL MÓVIL DE GARCÍA ORTIZ
El debate parlamentario coincide con la investigación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que precisamente se sentará en el banquillo en noviembre acusado de un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar un correo electrónico con información confidencial sobre un supuesto fraude fiscal cometido por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante las pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que García Ortiz no guardaba en su teléfono ninguna conversación de mensajería instantánea ni correos electrónicos relacionados con González Amador. Desde Fiscalía se trasladó que la razón es que el fiscal general aplicó un protocolo de protección de datos por lo que borra de manera sistemática el contenido de su teléfono.
Por ello, en el juicio está llamado a declarar el actual responsable de protección de datos de la Fiscalía, Agustín Hidalgo, tras unas diligencias en las que el juez de la causa le requirió copia la normativa interna aprobada del Ministerio Fiscal relacionada con el uso de teléfonos móviles y emails de todo tipo para comprobar que ese borrado de datos fue oportuno.
Hidalgo fue elegido para el puesto en el Consejo Fiscal del 25 de junio de 2020, durante el mandato de Dolores Delgado, con el apoyo de los seis miembros de la Asociación de Fiscales, mayoría en dicho órgano. Su mandato de cinco años vence próximamente y, con la normativa actual, el nuevo responsable podrá ser designado directamente por Álvaro García Ortiz sin necesidad de contar con la aprobación del Consejo Fiscal, como ocurría hasta ahora.
El PP esgrime que la reforma promovida por el Gobierno "ha convertido una autoridad independiente en una unidad más de la Fiscalía General del Estado" y reclama garantizar "un procedimiento transparente y ajustado a los principios constitucionales y europeos en materia de protección de datos".
