El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha depositado la fianza de 150.000 euros que le impuso el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas informan de que García Ortiz ha cubierto la fianza con parte de su patrimonio, puesto que no disponía de tal cantidad de dinero en metálico.
Ahora, el alto tribunal deberá corroborar que esos bienes alcanzan a avalar la fianza, dispuesta para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos. Con todo, el fiscal general tiene previsto recurrir la fianza ante la Sala de lo Penal porque considera esa cantidad excesiva.
González Amador
Todo lo contrario que González Amador, quien ya ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado al considerar que no puede ser inferior a 300.000 euros porque "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general". Por tanto, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros".
