La Audiencia Nacional procesa a Josu Ternera como jefe de ETA
El juez Santiago Pedraz lo señala como "máximo dirigente" de ETA basándose en que fuera el encargado de "anunciar su disolución"
El juez Santiago Pedraz ha procesado a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera', como "máximo dirigente" de ETA en la causa sobre su financiación a través de las herriko tabernas, y apunta como prueba de ello, que fuera el encargado de "anunciar su disolución" en nombre de la organización terrorista.
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Para el magistrado de la Audiencia Nacional, y a la vista del análisis de documentación que le fue intervenida a Ternera en Francia, "se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado,desde su huida de España en 2002 y hasta su detención ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".
Por ello acuerda en un auto, al que ha tenido acceso EFE, procesar a Ternera por el delito de dirección de organización o grupo terrorista después de acceder a través de una Orden Europea de Investigación cursada por la Fiscalía a los documentos que le fueron intervenidos en su domicilio en Iparralde a raíz de su detención en mayo de 2019.
La asociación Dignidad y Justicia pidió en marzo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional incorporar esas pruebas a esta causa y revocar la conclusión del sumario para ampliar el procesamiento de Josu Ternera.
Cronología del proceso
La Audiencia Nacional arrancó el juicio por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas en 2013, que se saldó con 20 condenados, pero por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la Justicia. Fue detenido en mayo de 2019 tras 17 años de búsqueda. Tenía entonces 69 años.
El 31 de mayo de 2024, Pedraz –al frente del Juzgado Central de Instrucción 5, en el que Baltasar Garzón había investigado dicha causa sobre la financiación de ETA– acordó declarar concluso el sumario y enviarlo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Finalmente, la Sección Segunda de lo Penal accedió el pasado 26 de junio a la petición de la asociación que dirige Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA, y revocó la conclusión el sumario, tras lo que la Fiscalía, con el resultado del análisis de la documentación intervenida y a instancias de Dignidad y Justicia, pidió a Pedraz dictar un nuevo procesamiento.
A la vista de esas pruebas, Pedraz no duda de la condición de dirigente del procesado porque, según señala, "no de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes".
Asimismo, añade, "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del Gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución".
En el marco de dicha Orden Europea de Investigación, la Jefatura de Información de la Guardia Civil accedió al material informático intervenido, a través de la Policía Judicial francesa, y se solicitó a la UCE1 de la Dirección General de la Guardia Civil que emitiese informe en relación a la información extraída los dispositivos de almacenamiento masivo de información intervenidos por la Policía Judicial francesa en la detención de Ternera.
Otras causas
El histórico dirigente etarra vive en Iparralde en régimen de libertad bajo control judicial y el Estadio español también lo reclama para juzgarlo desde su captura, pero su extradición está pendiente de otro juicio en Francia.
Se trata del juicio fijado para el próximo mes de octubre por su presunta implicación en la actividad de la banda terrorista en Francia entre 2002 y 2005, un caso por el que ya fue condenado en rebeldía.
Josu Ternera tiene otras causas abiertas en la Audiencia Nacional, entre ellas la del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños, por el que la Fiscalía pide más de 2.000 años de cárcel para él.
También se ha cursado una orden europea de investigación a Francia para interrogarle sobre el atentado contra la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de diciembre de 2006.
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