Jueces y fiscales se concentran frente al Supremo contra las reformas del Gobierno como antesala a la huelga

Las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras se han concentrado este sábado frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra las reformas impulsadas por el Gobierno para modificar el acceso a ambas carreras y para adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales.

La concentración ha reunido a unas 5.000 personas, según los convocantes, que destacan que más de 1.000 eran jueces y fiscales, y se han oído gritos de "independencia judicial", así como algunos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Esta manifestación ha servido de antesala a la huelga convocada para los días 1, 2, y 3 de julio por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Los organizadores de la concentración de este sábado han leído un manifiesto donde declaran que no se trata de un acto contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que es un acto "a favor del poder judicial" y para "defender lo que es de todos".

En el manifiesto se destaca el papel de la independencia judicial, "clave para hablar de una democracia real", algo que está "bajo amenaza" por el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Sobre el primero, han indicado que "no responde a demanda social alguna" y que está siendo tramitado por vía de urgencia "sin ninguna razón para ello".

Según defienden las organizaciones convocantes, esta reforma va a "rebajar la excelencia" de conocimientos en el acceso a estas carreras. Además, temen que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno signifique la intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.

En cuanto al segundo anteproyecto, han criticado que este aumente el poder del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno "sin ningún filtro previo", así como que elimine las garantías de autonomía de los fiscales, "reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes". Además, han subrayado que a los fiscales se les asignará "el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos" en sustitución de los jueces de instrucción.

Con todo, han indicado que estas reformas tienen lugar "en un ambiente de continuo ataque del poder judicial" con declaraciones políticas que "deslegitiman" las resoluciones judiciales, lo que "mina la confianza de los ciudadanos".

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos", dice el manifiesto, que también indica que estas reformas van encaminadas a "convertir el poder judicial en un poder con minúscula". Así, de no retirarse los proyectos, han asegurado que "no tendrán más remedio que acudir a la huelga".

Asimismo, han recordado una petición que se lleva repitiendo desde "hace lustros" que es la de que de una creación masiva de plazas judiciales y fiscales para mejorar la rapidez del servicio y han pedido disculpas "de antemano" por los perjuicios de la huelga.

La reforma supone un "perjuicio" a la ciudadanía

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva; la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco; el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo; la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus; y el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares, han insistido en que la reforma propuesta por el Gobierno supone "un perjuicio" para la ciudadanía. "Sin independencia judicial los ciudadanos están perdidos, por eso las reformas legales por las que estamos hoy reaccionando no pueden salir", han defendido.

"Vamos a ejercer nuestro derecho a la huelga, por más que algunos hayan querido ahora, 15 años después, cuestionar nuestro derecho a la huelga. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con responsabilidad y con respeto a los ciudadanos, pero tenemos que hacer huelga por ellos, no solo por nosotros, por ellos también", han subrayado.

En este sentido, han solicitado que "existan contrapesos reales en el seno de la carrera que limiten las tremendas facultades que hoy tiene reconocidas el Fiscal General del Estado para que no sea un soberano absoluto y para que los fiscales puedan tener mecanismos para discrepar de las órdenes que en su momento puedan recibir".

Concentración al margen de reivindicaciones partidistas

Las asociaciones convocantes aseguran que se trata de una concentración estrictamente institucional, "al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".

De estas protestas se ha desvinculado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) que, tras consultar a sus bases, confirmó que no la secundaría pese a ser contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera.

Los convocantes exigen la retirada del proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, y del anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Consideran que estas leyes "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

De la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sostienen que da pasos atrás al incrementar "injustificadamente" el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.

Las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).