La UCO irrumpe en Ferraz y Transportes y clona los correos electrónicos de Cerdán y Ábalos

En el via crucis que está atravesando el PSOE a cuenta del caso Koldo, en cuyo epicentro se encuentra el que fuera número tres del partido, Santos Cerdán, este viernes se produjo una de las imágenes más dolorosas, por simbólicas y por el peso que tendrá en la hemeroteca. Y es que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la sede socialista en la calle Ferraz por orden del Tribunal Supremo para clonar el correo corporativo de Cerdán. Esta operación se repitió en el Ministerio de Transportes, en este caso con el fin de acceder a los correos del exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como en Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC) para recabar los expedientes de once obras bajo sospecha.

No se trató de registros, sino de requerimiento de información, ya que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, en un auto conocido este viernes, rechazó la petición formulada por las acusaciones populares de registrar la sede del PSOE y el despacho de Cerdán al considerar que esta medida no sería útil ahora. En dicho auto, el juez imputa formalmente al exdirigente socialista y ordena investigar su patrimonio, lo que extiende a cinco empresarios, ante la sospecha de que pudieron pagar mordidas por adjudicaciones irregulares de obras.

El juez solo quiso acceder al correo electrónico corporativo de Santos Cerdán en el partido, ya que este se lo habría facilitado al exasesor de Ábalos en el ministerio, Koldo García, también investigado, para que le remitiese por esa vía ciertas comunicaciones relevantes. 

Aunque los operativos se pusieron en marcha de forma simultánea, lo primero que se conoció fue la llegada de la UCO a la madrileña Ferraz. La Guardia Civil abandonó la sede del PSOE en torno a las 14.30 horas, después de tres horas en el edificio para realizar el clonado del correo electrónico del ex secretario de Organización del partido.

Pasadas las 15.30 horas los agentes abandonaron la sede Adif y la última de la que salieron fue la Dirección General de Carreteras, en torno a las 15.45 horas, según fuentes de la investigación. El PP, que ejerce la dirección letrada de todas las acusaciones populares que hay en el caso Koldo en el Supremo, había pedido al instructor que ordenara también registros en casa de Cerdán y en sus despachos de Ferraz y el Congreso, pero el magistrado lo descartó por “previsible”.

En el auto, el instructor requería al PSOE que permitiera a los agentes “la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa” de Cerdán. Asimismo, reclamaba que entregara a la UCO “cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse” y que haya sido “empleada exclusivamente” por el exdirigente socialista.

Imputado

El magistrado del Alto Tribunal adoptó esta decisión al acordar formalmente la imputación de Cerdán, que ya no goza del aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes. Todo ello después de que trascendiera el contenido del informe de la UCO que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública.

En el mismo auto, de 47 páginas, el magistrado requiere al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que se facilite a los agentes el clonado de “los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo” de Ábalos. El instructor considera que dicha medida es “conveniente y necesaria” y no había sido acordada hasta la fecha. 

Solicita a su vez a Adif que envíe al Supremo, en un plazo de 15 días, documentación relativa a la adjudicación de cinco obras, y a la Dirección General de Carreteras para que haga lo propio, y en el mismo plazo, sobre seis obras. Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio, otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos en Andalucía, Asturias, Catalunya, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

“España no puede vivir en una redada permanente y televisada”, valoró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Añadió que “la auditoría que se comprometió a hacer Sánchez ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la Guardia Civil”.

Por parte del PSOE, la secretaria de Política Económica y Transformación Digital, Enma López, proclamó: “Máxima colaboración con la Justicia, el PSOE es transparente y actúa contra la corrupción muchísimo antes incluso de lo que exigen nuestros propios estatutos”.