Es imposible predecir con certeza si un desacuerdo entre el PNV y el PSE sobre el blindaje del euskera para acceder a un empleo público provocará nuevas tensiones entre los socios. Pero ahora mismo confluyen dos ingredientes que pueden facilitar que la discrepancia se gestione de manera pacífica, si es que finalmente no alcanzaran un acuerdo.
Por un lado, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, reveló este martes un dato que ya se manejaba de manera extraoficial en ámbitos próximos a ambos partidos: las conversaciones llevan meses en pie y la reunión que mantuvo con el líder del PSE, Eneko Andueza, el pasado 7 de mayo, tenía como objetivo abordar esta cuestión, aunque finalmente no se realizó ningún anuncio al respecto porque no hubo acuerdo. ¿Qué significa esto? Que ambos partidos llevan meses intentando un acuerdo y que se ha dejado como último recurso que cada uno vaya por su cuenta si no lo consiguen. Por tanto, no hay descoordinación, ni falta de comunicación, ni unilateralidad, que es lo que ha reprochado el PSE al PNV de manera recurrente en los últimos tiempos en casos como las alegaciones contra el decreto estatal de creación de nuevas universidades. En este caso, el PNV llegó a decir la semana pasada que esa semana era su último intento de acordar la iniciativa con el PSE, pero prorrogó el plazo. Por otro lado, como segundo factor, Esteban matizó este martes que el euskera forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición, pero no tanto la perspectiva de la seguridad jurídica en las OPE para evitar que los tribunales tumben las convocatorias. Por tanto, en sentido estricto, este punto está fuera del acuerdo de Gobierno. Fuentes del PSE consultadas por este periódico se limitaron a responder que no van a decir nada mientras se mantengan las conversaciones.
En este contexto, en una entrevista concedida a Radio Popular, Aitor Esteban adelantó que, en caso de que se produzca un desacuerdo, “tampoco quiere decir que aquí se rompa nada”, sino que, en un punto al margen del acuerdo de coalición, “tenemos discrepancias”.
Este asunto salió a relucir en una pregunta al final de la entrevista, donde Esteban trató de centrar el debate asegurando que “tenemos un problema de seguridad jurídica porque la interpretación de algunos juzgados sobre el consenso logrado en torno al euskera es diferente, y creemos que hay que proteger esa interpretación, que se ha desequilibrado”. “Esto supone una ausencia de seguridad jurídica en las OPE. Estamos hablando, llevamos ya meses, y la primera reunión que tuve con Andueza fue para hablar de esto. Parte del euskera forma parte del acuerdo de Gobierno, pero esta parte, no. Estamos buscando un consenso pero, si no lo logramos, cada partido tendrá que optar por la solución u opción que vea más factible. Tampoco quiere decir que aquí se rompa nada, sino que, en un tema fuera del acuerdo, tenemos discrepancias”, aclaró.
El “principio de proporcionalidad” que alegan algunas sentencias se recoge en el decreto de 2024, que a su vez se hereda del decreto de 1997, y deja un terreno abonado para la interpretación judicial. EH Bildu, por su parte, había apostado por dar la vuelta al modelo actual para que, en lugar de fijar índices con el porcentaje de plazas obligatorias en euskera, se exija de manera generalizada, y a partir de ahí se fijen excepciones. PNV y PSE están tratando de poner en valor los pasos dados hasta ahora y buscan una solución a partir de ahí, pero Eneko Andueza pareció dejar sentenciada la negociación cuando dijo que no veía ninguna razón de peso para reformar los consensos y que no veía ninguna ofensiva judicial.
Otegi y Osakidetza
El Gobierno está pendiente también de la mesa para el pacto vasco de salud, que en teoría afrontará su fase decisiva la semana que viene. En Radio Euskadi, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no fue muy claro sobre la posición de su partido o la posibilidad de que se levante de la mesa. Por un lado, proclamó el “fracaso de las políticas neoliberales” pero, por otro, no terminó de descartar la oferta del consejero de Salud para mantener como máximo en el 6% el nivel de colaboración público-privada. Estos días sí parecía que Bildu la rechazaba, y LAB acusó al Gobierno de dar un golpe de estado en la mesa. Pero Otegi ha pedido al consejero que lo ponga “clarito”, “negro sobre blanco” y “sin ambigüedad”, y estarán en el acuerdo.
