El Gobierno vasco activa su plan ante el veto del Supremo a la convalidación de títulos
La consejera de Autogobierno presentará este viernes las “iniciativas” para hacer frente a la anulación de la transferencia
Ya hay una respuesta. Tal y como anunció la consejera de Autogobierno, antes de que termine la semana, este mismo viernes, va a comparecer en rueda de prensa para anunciar el plan del Gobierno vasco para hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo, que ha anulado la transferencia de la competencia sobre la convalidación de títulos extranjeros de educación superior. Maria Ubarretxena va a comparecer acompañada por el viceconsejero de régimen jurídico, Sabino Torre, y la directora de autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, y con ello desvelará el abanico de actuaciones diferentes, en plural, que tiene sobre la mesa el Ejecutivo para paliar esta situación y este auténtico contratiempo, ya que la asunción de la competencia iba a permitir aligerar las colas que existen en la administración para homologar los títulos que se han obtenido en otros estados.
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De esta forma se va a desvelar la incógnita, tras varios días barajando varias posibilidades como un recurso conjunto con el Gobierno español al Tribunal Constitucional, la posibilidad de vehiculizar en ese tribunal un recurso de amparo a través de los colectivos de profesionales afectados por el atasco administrativo en la convalidación de títulos, o la posibilidad de instar al Gobierno español a que realice una reforma jurídica para que las transferencias solo sean evaluadas por los tribunales competentes y no por el Supremo.
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En el momento de la cancelación de la competencia, el Gobierno vasco había recibido unas 200 solicitudes de convalidación, y el Ejecutivo no se explica este desenlace si a efectos prácticos la batuta para validar las condiciones la tiene ya Euskadi, dirige gran parte del proceso, y el Estado se limita a dar el visto bueno en un trámite sin mayor profundidad. En paralelo, las instituciones autonómicas están lanzando a la opinión pública sus propuestas para aliviar la escasez de médicos, como acortar la duración del MIR para ajustarlo a los estándares de los estados europeos del entorno, pero se está encontrando con la barrera de granito del Ministerio de Sanidad de Sumar, gestionado por Mónica García. Para ejercer medicina se necesita una especialidad, y las especialidades iban a seguir en manos del Estado, pero la transferencia que se había pactado sí iba a permitir cierta agilidad.
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