Si nada se tuerce, todo apunta a que la reunión entre los gobiernos vasco y español para abordar el cumplimiento del Estatuto de Gernika tendrá lugar este mes de julio, antes de las vacaciones de agosto. La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, está cuadrando agendas con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para encontrar la fecha más adecuada dentro de julio, que es el objetivo del Gobierno de Imanol Pradales. La fecha era importante para la parte vasca, porque todavía quedan 29 competencias que tienen que ser transferidas a Euskadi, y este complejo trabajo se tiene que completar en dos años improrrogables en virtud del pacto de investidura que firmó el presidente español, Pedro Sánchez, con el PNV. De hecho, en sentido estricto, quedarían menos de dos años, porque ya han pasado unos meses desde que se firmó ese acuerdo en noviembre y desde que Sánchez consumió sus primeros días de gracia poniendo en marcha a su gabinete. Por lo tanto, parece inevitable que ambas partes adelanten cuanto antes toda la tarea que sea posible. La meta principal del Gobierno vasco en esta cita será poner en marcha la Comisión Bilateral Permanente para establecer una metodología, fijar paquetes de materias y diseñar un calendario que ordene todo el trabajo y que permita abordar con una visión global el proceso pendiente.
La consejera y también portavoz aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que está en “conversaciones” con el ministro e intercambiando órdenes del día “para esa reunión que vamos a mantener y que esperamos que sea este mes”. Cuando se le preguntó si tiene la expectativa de acordar alguna transferencia con carácter inminente, apuntó en otra dirección: “La cuestión principal que pretendo llevar es la puesta en marcha de la Comisión Bilateral Permanente de Cooperación, que es la que nos va a permitir avanzar con mayor rapidez en el traspaso de competencias”.
El porqué de la comisión
Su puesta en marcha sería un auténtico hito para el PNV y sería también histórico. Nunca antes se ha activado la disposición transitoria segunda del Estatuto de Gernika que permite crear una comisión para fijar las reglas de los traspasos. Hasta el momento, los sucesivos gobiernos españoles han retomado las negociaciones de transferencias cuando les apretaba el zapato en las votaciones de los Presupuestos o cuando su estabilidad política dependía de ello y les hacía falta recurrir a los votos del PNV. La comisión da un carácter estable, permanente y reglado al diálogo. Es un instrumento distinto a la Comisión Mixta de Transferencias, que solo se reúne para ratificar los acuerdos concretos que se hayan alcanzado sobre transferencias muy determinadas. No es un foro de negociación ni se puede abordar en ella todo el proceso en su globalidad. Fuentes del ministerio consultadas por este periódico ya avanzaron hace unos días que estaban dispuestos a elaborar un calendario de trabajo.
Esta comisión, por otro lado, tenía que reunirse de manera presencial cada seis meses con la participación del lehendakari y el presidente, aunque no tendría por qué ser así en su primera cita. Además, Pradales y Sánchez tienen pendiente otra reunión entre ambos, la habitual tras la investidura de un nuevo lehendakari y que aún no se sabe si será en julio o en septiembre. Sánchez, en cualquier caso, necesita los votos del PNV en el Congreso de los Diputados.
Pradales ya avanzó a este periódico que el traspaso del litoral puede llegar a cortísimo plazo, y apuntó también a puertos y aeropuertos. El pacto de investidura con Sánchez recoge todas las materias, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
