La tramitación parlamentaria del proyecto de la Ley vasca de Cooperación y Solidaridad encara su recta final para su aprobación en el mes de febrero y recogerá un claro compromiso para dedicar el 0,7 % del gasto total de los presupuestos vascos a este fin y fomentar la colaboración con el tejido asociativo.

La ponencia que ha estudiado las enmiendas parciales de los distintos grupos al proyecto de ley se ha reunido este miércoles por última vez y a partir de ahora se elaborará el informe del dictamen que se votará previsiblemente en comisión a finales de este mes para su remisión y aprobación definitiva de la norma en un pleno ordinario de febrero.

Ninguno de los grupos parlamentarios presentó enmienda a la totalidad al proyecto por lo que los trabajos en ponencia se han desarrollado con voluntad de llegar a acuerdos.

Consenso

EH Bildu presentó 29 enmiendas, Elkarrekin Podemos-IU 28 y el PP una veintena, mientras que Vox y Ciudadanos no registraron ninguna. Por su parte, PNV y PSE, los dos partidos socios en el Gobierno vasco, consensuaron otras 4.

Distintas fuentes de los grupos han aclarado que, a fecha de hoy, en principio la ley contará con el respaldo, además del PNV y PSE, que suman mayoría en la Cámara, con Elkarrekin Podemos-I, coalición que está satisfecha por la aceptación de varias de sus enmiendas cuyo contenido no han querido aclarar hasta que se celebre la comisión.

EH Bildu aún no ha tomado una decisión sobre su voto y seguirá negociando hasta el último momento, lo mismo que el PP, que ha logrado transar algunas de sus enmiendas pero que tampoco ha decidido si apoyará el grueso de la normativa.

Cuatro leyes

Este proyecto de ley fue aprobado por el Ejecutivo a finales del mes de julio y es uno de los cuatro, junto con el de Transición Energética y Cambio Climático, el de Infancia y Adolescencia y de la reforma de la Ley Trans, que el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiere que se aprueben antes de convocar las elecciones vascos de 2024.

El objetivo de la ley, que sustituirá a la de 2007, es regular el régimen jurídico de la política pública vasca en materia de cooperación y solidaridad, y ampliar el ámbito de aplicación a los tres niveles institucionales de Euskadi, el municipal, el foral y el autonómico, así como a la Universidad del País Vasco y a Eudel.

También pretende simplificar y agilizar los trámites de las ayudas y las subvenciones en este ámbito y busca promover los valores solidarios e impulsar la movilización de la sociedad vasca y sus instituciones.

Las enmiendas del PNV PSE recogen algunas de las aportaciones de distintos colectivos. Así, plantean fomentar el tejido asociativo y proponen cambios en el artículo referido a la financiación.

Se precisa que los presupuestos vascos anuales destinarán "al menos el 0,7 % de su gasto total a la política de cooperación y solidaridad" y se elimina el párrafo del proyecto original que fijaba que este porcentaje fuera sobre "el gasto total no financiero en el horizonte del año 2030".

Añade al respecto que el incremento anual del presupuesto de cooperación será, como mínimo, "proporcional al aumento anual del presupuesto general, todo ello sin tener en cuenta otros fondos que contribuyan al alcance de los objetivos de desarrollo global".