La futura Autoridad Vasca de la Transparencia tramitará avisos sobre corrupción y protegerá a los informantes

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha presentado el proyecto de ley ante los medios de comunicación este martes, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno.

Garamendi ha explicado que la ley pretende ser "un instrumento más de compromiso con la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, así como una herramienta con la que generar una mayor identificación de la ciudadanía con éstas".

Tramitación parlamentaria

El texto, que tras ser aprobado en Consejo de Gobierno será remitido al Parlamento Vasco para su tramitación, aborda tres grandes hitos: garantizar la transparencia de la Administración ante la ciudadanía, estimular la participación de ésta en los asuntos públicos, y facilitar la rendición de cuentas "en tiempo real" de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento de cada programa de Gobierno.

A esta norma se le han incorporado mayores obligaciones de publicidad activa que los que existen actualmente. Así, las administraciones públicas deberán dar cuenta de las decisiones que toman y cómo las adoptan, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, especialmente en  lo referido a la utilización de fondo públicos.

Además, la norma prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia-Gardena, un órgano de garantía ante el cual la ciudadanía podrá interponer una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o ésta no sea la deseada.   

Sanciones

Este órgano velará por garantizar que la Administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso. De esta manera, tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias.

Además, Gardena tramitará las comunicaciones del canal externo de la información y de la protección de las personas informadoras en el marco de la lucha contra la corrupción. Para ello, este órgano actuará "con total independencia" respecto a todos los niveles institucionales de Euskadi, incluso del sector privado, según ha indicado Garamendi.

A través de esta entidad se implementará el sistema europeo de protección de las personas informantes y de la lucha contra la corrupción. Este organismo, que contará con personal funcionario y personalidad jurídica propia y "plena independencia" en el ejercicio de sus funciones, estará sometido a control parlamentario.

El proyecto de Ley establece también un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia. En este ámbito se remarca la obligación de publicar el programa de gobierno de cada legislatura y la elaboración de unos indicadores anuales para la rendición de cuentas como el coste de los servicios públicos atendidos, los recursos humanos que constituyen el empleo público o los principales compromisos de futuro, entre otros.   

Registro de lobbies

Otro de los puntos que recoge esta norma es la creación del registro de grupos de interés, también conocidos como 'lobbies', y el registro de participación y colaboración de la ciudadanía con los que se facilitará la identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan éstos ante el sector público de Euskadi.