“Cumplir la legalidad no es suficiente para resolver el conflicto”. La proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE –en solitario y sin la firma de sus socios– enmarca la amnistía en la necesidad de acabar con “la tensión política, social e institucional”, defendiendo esta medida de gracia como un “mecanismo constitucional, valiente y reconciliador que garantizará la convivencia a futuro”.
Una herramienta que beneficiará a 309 independentistas con causas penales en los juzgados, además de a los 73 policías nacionales encausados por altercados durante el 1-O, en días precedentes y posteriores, así como a una treintena de damnificados por el Tribunal de Cuentas.
Ahora bien, la futura norma dejaría finalmente fuera de su paraguas determinados casos que, según el acuerdo firmado por Junts y PSOE, sí que podrían haber tener cabida como episodios de lawfare (judicialización de la política mediante persecución), y es que no recoge esa palabra en sus 23 páginas de redactado, por lo que no abarcaría el procesamiento contra el abogado Gonzalo Boye, la condena de la expresidenta del Parlament Laura Borràs o al clan de los Pujol. Por contra, sí incorpora el derecho internacional invocado por Carles Puigdemont, que vería cómo se acelera su regreso a Catalunya.
Pulida al detalle hasta última hora, sitúa el origen del conflicto en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y lo extiende a todo lo ocurrido desde entonces, desde el 1 de enero de 2012, hasta hoy mismo, incluyendo la consulta del 9-N y el referéndum de 2017.
“Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal”, remarca.
Además, justifica que sean las Cortes Generales quienes tomen la iniciativa porque “en este tiempo han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista”.
Esta ley orgánica reconoce “su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general”, añade.
En el texto se apuesta por “un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo” del procés, “cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”.
No invade espacios
Pese a la ofensiva judicial y de la oposición, la proposición, de 16 artículos, defiende que “no se invaden” otros espacios, “es un paso más en un camino difícil” y que “esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento”.
Además del marco temporal, la propuesta delimita los delitos que serán amnistiados, y que incluyen los de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. Por ello, y aunque en el texto no se mencionan sus nombres, la ley afectaría, entre otros, a Puigdemont –que volvería inmediatamente sin ser detenido–; el líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa; los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell; los también exiliados Toni Comín y Lluís Puig; y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien, como al expresident, el juez García-Castellón le acaba de imputar por terrorismo como impulsora de Tsunami Democràtic, plataforma cuyos diez investigados por disturbios quedarían exonerados.
La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del procés, una lista en la que, aparte de Puigdemont y Junqueras, se halla Artur Mas.
A su vez, la previsible ley dejaría sin juicio oral a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista que, según la Audiencia Nacional, planearon ocupar el Parlament y que participaron en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.
Delitos excluidos
La amnistía abraza “los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Catalunya o la celebración de las consultas”.
La ley explica que quedan excluidos de la amnistía únicamente “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el capítulo VII del Título XXII del Código Penal siempre y cuando haya recaído sentencia firme”, además de los de torturas. Tampoco recoge los delitos de blanqueo, organización criminal o asociación ilícita, el delito contra la Hacienda Pública y la falsedad documental, de ahí que haya esquivado, de entrada, el polémico lawfare.
La proposición da un plazo máximo de dos meses a los tribunales y los órganos administrativos o contables implicados en casos vinculados al procés para aplicar la amnistía, de modo que los posibles recursos contra las decisiones que se adopten “no tendrán efectos suspensivos”, por mucho que el PP la dilate a través del Senado.
