La senadora de EAJ-PNV, María Dolores Etxano, ha apremiado a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, a iniciar el procedimiento que posibilite disponer de una acreditación administrativa de la condición de víctima sexual para acceder a los derechos creados en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS). En la sesión de control al Gobierno español de hoy en el Senado, Etxano ha constatado a la ministra que la citada acreditación “es fundamental para garantizar con seguridad jurídica el acceso de las víctimas a todos sus derechos; esto es, a los recursos y servicios que la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual ha creado”.
La portavoz jeltzale en el área de Igualdad ha evidenciado la necesidad de desarrollar el artículo 37 de la citada ley orgánica para elaborar un procedimiento básico de acreditación administrativa para las víctimas de violencias sexuales, para todas las administraciones. “Donde se establezca el ámbito de aplicación; las situaciones en las que cabe la solicitud de la acreditación administrativa; las actuaciones en caso en que la víctima cuente con un título de carácter judicial; las circunstancias que deben tener los servicios especializados que realizan el informe de valoración para que sea emitido por los organismos que la acreditan”, ha enumerado.
Conseguir una "respuesta adecuada, integral y coordinada"
El objetivo de esas medidas es, según ha expuesto Etxano, que las mujeres víctimas de violencias sexuales, “más allá o además de sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial o medida cautelar, puedan exigir a las Administraciones Públicas, una respuesta adecuada, integral y coordinada que les proporcione atención, protección, justicia y reparación”.
La senadora ha recordado que esta es una demanda que ya hizo el pasado mes de mayo, a través de una interpelación, a la cual la ministra Irene Montero respondió que ya estaban en marcha los trabajos correspondientes a su ministerio, y que, tras trasladar las propuestas a las comunidades autónomas, la acreditación podría aprobarse antes del mes de septiembre; unos planes que quedaron pospuestos con la convocatoria de elecciones que dejaban suspendida la reunión bilateral del Ministerio de Igualdad con el Gobierno Vasco, dejando sin tratar temas como el de la citada acreditación.
