La Ley de Empleo que pretende ordenar todas las políticas sobre esa materia tiene por delante una tramitación alentadora tras el rechazo unánime de los grupos parlamentarios a la enmienda a la totalidad de Vox. El veto presentado por el partido de ultraderecha, que cuenta con un solo escaño en el Parlamento Vasco, ha sido rechazado este jueves por PNV, PSE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP y C’s, sin abstenciones, lo que da a la socialista Idoia Mendia un amplio terreno de juego para granjearse el respaldo de los partidos, más allá de la mayoría absoluta que suma su partido con los jeltzales.
Hasta la fecha, las mayores discrepancias públicas las han generado únicamente dos aspectos, el papel de las cooperativas y la transformación de Lanbide en un ente público de derecho privado, que el equipo de Mendia defiende con el argumento de que va a permitir un mayor grado de especialización de los trabajadores de este servicio de empleo: quienes ocupen una plaza en Lanbide permanecerán en ella con un carácter estructural y no fluctuarán de un sector público a otro, lo que haría posible la formación y dar un servicio más eficaz. Sin tocar ese punto, el departamento está abierto a la negociación y defiende que su proyecto está muy trabajado con los agentes sociales.
La defensa de la enmienda a la totalidad se convirtió prácticamente en un soliloquio de Amaia Martínez, como suele ser habitual con las iniciativas que presenta Vox y que ignora la práctica totalidad del Parlamento. No así el PSE, que volvió a darle la réplica por boca del parlamentario Ekain Rico. Vox admitió que las políticas de fomento del empleo fueron transferidas por parte del Estado a la comunidad autónoma vasca, pero añadió que en ningún momento se habló de la necesidad de aprobar un proyecto para legislar al respecto y cree que es innecesario porque Lanbide ya gestiona en el día a día. Se centró en un argumentario de cariz político. Llegó a decir que “el texto responde más a criterios de oportunidad política” y a la necesidad del PSE de “presentar un bagaje que le permita justificar un mínimo de liderazgo”. Habló de un intento de “sacar pecho” y “satisfacer un sentimiento de humanidad”, así como aumentar el número de “chiringuitos innecesarios”. Cuestionó también el cambio de “régimen jurídico de Lanbide, que pasa de organismo autónomo a ente público de derecho privado”, y apostó por una política de empleo con “clara dimensión nacional”.
"Vox esconde que siempre vota contra los derechos de los trabajadores"
El socialista Ekain Rico se mostró contrariado porque Vox había aplaudido el proyecto y ahora vira. “Vox quiere relacionar que la existencia de diferentes ámbitos competenciales lleva aparejado, como consecuencia directa, un descontrol, políticas incoherentes y políticas que no estén alineadas. Y eso no es así”, desmintió. Denunció que Vox utiliza el argumento competencial para “esconder su verdadero problema”, que cada vez que se habla de derechos de los trabajadores, “vota en contra”. “Yo me felicito de que el resto de los grupos de la Cámara no hayan presentado una enmienda a la totalidad”, puso en valor.
El proyecto parte de que la competencia es del Gobierno y ordena el servicio, atendiendo la reivindicación compartida de que Lanbide sea más eficaz. Algunas competencias las tendrán los ayuntamientos con garantía de financiación. Viendo el calendario, la aprobación para el 23 de noviembre sería factible.
