Pedro Sánchez ha abierto a sus pies un nuevo charco que salpica su relación con Euskadi, tras la tormenta que ya provocó y tuvo que rectificar su ministro Albares a cuenta del uso de las lenguas cooficiales en Europa. El lehendakari Urkullu se ha mostrado este lunes “preocupado” por las declaraciones de la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha alejado la posibilidad de reformular la Ley de Vivienda estatal para que sea respetuosa con las competencias vascas porque, a su juicio, ya las respeta. La ministra aludió directamente al PNV este domingo para avisarlo de que esta norma “se mantendrá en vigor por mucho que haya presentado un recurso, porque es una ley que protege las competencias autonómicas” y el PSOE quiere dar “oportunidades” a la ciudadanía. Al mismo tiempo, Sánchez se empeñó el sábado en que la vivienda será la “gran causa nacional” si sigue como presidente. El problema radica en que esta declaración de intenciones choca con la mayor sensibilidad plurinacional que parece que está abocada a tener la nueva legislatura.

Estas declaraciones poco amistosas han obtenido respuesta por parte de Urkullu, quien ha recordado que la idea era negociar durante seis meses en la Comisión Bilateral de Cooperación para encontrar “una fórmula satisfactoria” que permita a Euskadi aceptar la ley si se respetan sus competencias. “Pero las declaraciones de la ministra no parecen apuntar a ello”, recriminó en una entrevista en la cadena Ser. De hecho, como ya informó este periódico, ambos gobiernos decidieron activar esa Comisión el 11 de agosto para negociar los 7 artículos y las 4 disposiciones donde los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco detectaron invasiones competenciales.

La negociación es un paso preceptivo, necesario antes de confirmar o no el recurso ante el Tribunal Constitucional. La posibilidad del recurso la aprobó el Gobierno vasco con el desmarque de los tres consejeros del PSE, de manera que esta es una cuestión delicada para los socios. Además, Eneko Andueza la utilizó durante el pleno de política general para marcar perfil ante el lehendakari en puertas de las elecciones vascas de la primavera. Y no es descabellado que la presión de Bildu y Podemos lleve al PSE a apretar un poco más para acelerar la declaración de zonas tensionadas o prever alguna partida presupuestaria.

Lo que ha causado sorpresa es que una ministra de Pedro Sánchez, que necesita el respaldo del PNV para repetir en La Moncloa y que se encuentra en plenas conversaciones con los grupos, se haya sumado a esta dinámica que se corresponde más con un periodo preelectoral que con uno de búsqueda de acuerdos para la investidura. La ministra realizó sus declaraciones en Bilbao, en un acto de las juventudes socialistas vascas. Reconoció que las competencias son de las comunidades autónomas, pero insistió en que su ley es escrupulosa con ese reparto. El PNV ha cuestionado todo este tiempo la razón de ser de una ley estatal que regula competencias ya cedidas, y que además entra al detalle y regula los requisitos para declarar las zonas del mercado tensionado donde se puede limitar la subida del precio del alquiler, y también fija porcentajes para las reservas de suelo protegido.

"Erosión silenciosa"

El lehendakari realizó su crítica cuando se le preguntó si Sánchez tiene asegurado el voto del PNV en la investidura. Urkullu, escrupuloso con el reparto de papeles y la bicefalia en el PNV, no quiso erigirse en portavoz del partido, pero desde su cargo institucional puso sobre la mesa las quejas que tiene sobre el Gobierno español. “Estoy preocupado por el incumplimiento del Estatuto de Gernika”, dijo, en referencia a las cerca de treinta transferencias pendientes y que Sánchez todavía no ha cedido aunque su propio Ejecutivo aprobó un calendario en Consejo de Ministros. Pero Urkullu continuó: “Estoy preocupado por la erosión silenciosa del autogobierno en leyes que invaden competencias exclusivas, estoy preocupado por lo que escuché a la ministra sobre la Ley de Vivienda”. En ese terreno, recordó que su apuesta es negociar y encontrar una fórmula que permita aceptar la ley respetando las competencias vascas. Recordó también que el Gobierno vasco no es el único que defiende el recurso, sino que el catalán y los ejecutivos del PP también lo hacen.

A partir de ahí, cuando se le preguntó si el voto del PNV sería un cheque en blanco para la legislatura, recordó la forma en que los escaños jeltzales se han revalorizado: “Sánchez necesita de todos los votos todo el tiempo”. Es decir, el PSOE tiene que sumar a los nacionalistas vascos y catalanes para la investidura y para aprobar las medidas en todas las votaciones del Congreso. Por ello, repitió la idea que ya lanzó la semana pasada, cuando avisó de que Sánchez necesitará un acuerdo constatable, cumplible y muy tasado para no asistir a una legislatura inestable que desemboque en elecciones poco después.

Fin de la judicialización en Catalunya

Sobre Catalunya, Urkullu defendió que la situación debería llevar a todos a un “ejercicio de responsabilidad”, y apostó por abordar los problemas políticos con el diálogo, la negociación y un acuerdo, ya sea a nivel de Estado, de Catalunya o de Euskadi. Y cree que la amnistía podría restituir “lo que nunca debió ser”, en relación a la judicialización de la política que siempre rechazó.

Quién toma la decisión

Las declaraciones de la ministra Sánchez llegaron unas pocas horas después de que el delegado del Gobierno español en suelo vasco, Denis Itxaso, dijera en ese mismo cónclave de las juventudes socialistas que “poco importa” que las decisiones se tomen en Bilbao o en Madrid si son justas. El propio Sánchez se jactó en campaña de actuar sin tener competencias. Esta tendencia se contradice con el espíritu que parece que va a tener o que está abocada a tener la nueva legislatura, donde Sánchez necesita el respaldo de los nacionalistas vascos y catalanes, que le exigen pasos para el reconocimiento nacional de Euskadi y Catalunya. O eran unas declaraciones en un contexto preelectoral vasco, o bien Sánchez trata de meter en la coctelera de la investidura la Ley de Vivienda para rebajar el precio del PNV en otras materias. El ministro Albares ya tuvo que rectificar unas declaraciones suyas que primaban el uso del catalán sobre el euskera en las instituciones europeas.